Argentina: Medida contra aumento de luz

Argentina.- El Juzgado Federal de San Martín, firmó una medida cautelar a favor de un centro de salud privado para evitar el aumento de las tarifas.

Una clínica privada presentó un reclamo formal en contra de la decisión tomada por el gobierno al aumentar las tarifas del servicio eléctrico. Por ello el Juzgado Federal de San Martín firmó una medida cautelar que favorece a dicho centro de salud, en una acción de amparo en contra del Ministerio de Energía y Minería, el ENRE y Edenor.

El centro de salud beneficiado es el Hospital Privado Nuestra Señora de La Merced, que se encuentra en la localidad Martín Coronado, en 3 de Febrero, San Martín. Ellos alegan que este aumento en la factura del servicio eléctrico afectan de manera notable su funcionamiento y que desde el punto de vista económico es imposible cancelar estos nuevos valores. En la denuncia presentada se afirma que la clínica normalmente recibía una factura por 50 mil pesos, y ahora la misma tiene un valor de 300 mil pesos, motivo que los llevó a acudir a la justicia a pedir un amparo que los ayude a continuar con su funcionamiento cotidiano.

La Justicia Federal a cargo en este caso de la jueza Martina Isabel Fons, resolvió hacer lugar a la medida cautelar. Igualmente ordenó al Ministerio de Energía y Minería, a Edenor y ENRE suspender la aplicación de los aumentos tarifarios, dispuestos por las Resoluciones 6 y 7.

De igual forma, la jueza Fons, en su veredicto insta a la empresa Edenor que devuelva los cargos extras que hayan sido cobrados, además de establecer que el aumento no le sea cargado a su factura en los próximos tres meses.

En la resolución dictada por la jueza, ella advierte que estos ajustes son “exorbitantes, desproporcionados y fuera de la realidad económica actual de los clientes cautivos (en tanto carecen de libertad de elección en la relación usuario-prestador del servicio público monopólico)”, y agregó que por tratarse de un centro médico son merecedores de una protección especial

Remarcó que para la aprobación de los ajustes de tarifas, se tuvo que haber hecho una audiencia pública que los analizara, a lo que consideró como un “requisito constitucional”.