Internacionales

Bruselas reprochó a España por la corrupción

España.- Bruselas se ha mantenido reclamando más ajustes para el próximo año 2018, exigiendo una vuelta de tuerca a la reforma laboral y critica las políticas sociales del Gobierno.

Recientemente la Comisión Europea manejó todas las recomendaciones específicas del Semestre Europeo para dar su tradicional receta: España no puede dormirse en los laureles de la recuperación por el ramillete de riesgos al acecho, debe seguir ajustando y le conviene una vuelta de tuerca a la reforma laboral, pese a que ha aprobado dos en un lustro. Pero Bruselas empieza a lanzar en otras direcciones: lamenta la ineficiencia del gasto público y vuelve a situar la corrupción entre los males de la economía española.

No se refleja ni la sombra de la corrupción en los informes de la Comisión Europea sobre Finlandia o Suecia, o sobre las grandes potencias centroeuropeas: Alemania, Francia, Holanda y los demás. Pero en varios países del Este es aún un impedimento; en la ribera Sur del Mediterráneo, en socios como Italia y Portugal, es un “problema mayor”. España vuelve a ese grupo: Bruselas afirmó que han existido “progresos” en la lucha contra la corrupción, pero inmediatamente después subraya “el incremento repentino de investigaciones” sobre casos que circunscribe a escala “autonómica y local”. Y, sobre todo, reprocha que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no disponga de “una estrategia para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción”.

Cada reciente escándalo relacionado con la corrupción provoca un incendio que achicharra la imagen de la política española, y que erosiona el discurso del Gobierno y de Bruselas sobre la flamante recuperación económica.

Dentro del pleno auge de informaciones que afectan al partido de Rajoy, la Comisión Europea reclama al Gobierno más contundencia a la hora de combatir el fraude y el desvío de fondos públicos. Bruselas no está de acuerdo con  “la falta de legislación para proteger a los denunciantes [de casos de corrupción]”, como sucede en otros países. Critica la ausencia de cualquier independencia de la Oficina de Conflictos de Interé, y reprocha al Ejecutivo la deficiente medida referente a la labor de los grupos de presión.

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