Condena europea a España por vertederos

España.- El Tribunal de la Unión Europea reprochó al Gobierno el que no aplique “medidas coercitivas” para impedir la proliferación de depósitos.

Se considera que España tiene un problema con la gestión de los vertederos ilegales. La Comisión Europea lleva años instando al Gobierno a que lo solucione. Ante los incumplimientos, Bruselas pidió en 2014 al Tribunal de Justicia de la UE que actuara contra España y en 2016 el tribunal dictó una primera condena por no eliminar 30 vertederos.

El Tribunal, que fue instado de nuevo por la Comisión, reiteró ahora su reproche sobre otros 61, la mayoría en Castilla y León (27) y Canarias (24). Censuró así a España por no aplicar “medidas coercitivas” para evitar su proliferación.

Así en el caso de la primera condena, que data de febrero de 2016, como en el de la conocida ayer, el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE contra España por los vertederos incontrolados no acarrea una multa.

El proceso para poder sancionar a los países de la UE es bastante largo. Primero la Comisión Europea dictamina el incumplimiento de una directiva y lo envía al tribunal, con sede en Luxemburgo, para que lo certifique. Con esa sentencia en la mano, Bruselas abre otro procedimiento para que luego el tribunal acabe imponiendo una sanción.

En lo que respecta a esta segunda condena sobre los 61 vertederos, los magistrados concluyen que España —al no clausurarlos y restaurarlos— no ha aplicado “las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora”, tal como lo fijó  la directiva 2008/98/CE, la que se ha incumplido.

Se consideró que España debió haber clausurado o regularizado esos 61 vertederos. Pero, cuando Bruselas realizó la última revisión, no lo había hecho. Según el Ministerio de Agricultura, en este momento esa cifra de 61 se habría reducido hasta los 38.

Dentro de las alegaciones para impedir ser condenada, España esgrimió la crisis económica, según se desprende de la sentencia. “En un período de graves dificultades económicas y presupuestarias”, argumentó el Gobierno, “las autoridades españolas han realizado un esfuerzo adicional enorme para lograr el cumplimiento”.

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