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Corte IDH acusó a Venezuela por cometer crímenes de discriminación

Costa Rica. – Este semana, Venezuela acudió a la a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras acusar al país por despedir a los trabajadores víctimas de discriminación política en 2004.

El caso involucró a funcionarios del poder público que firmaron a favor para solicitar un referendo revocatorio contra el fallecido ex presidente Hugo Chávez Frías, sin embargo, el Estado alegó que el motivo del despido fueron las situaciones convenidas  por la Ley.

[pullquote]La sentencia de la CorteIDH para este polémico caso podría ser emitida durante este año.[/pullquote]

Las demandantes Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña, en su momento trabajaban en el Consejo Nacional de Fronteras y firmaron a favor del referéndum, lo que les valió para ser despedidas. Por eso, este grupo de mujeres acudieron después de varios años de lucha a la CIDH para acusar a Venezuela formalmente por incurrir en actos de discriminación por razones políticas y violación en derechos humanos.

Francisco Eguiguren, agente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que “el caso de la firmas en Venezuela para solicitar un referendo revocatorio no es un caso aislado, por eso les fueron violados sus derechos políticos. La corte tendrá una oportunidad de pronunciarse y darles la oportunidad para que todos tengan su derecho político sin temor.”

Rocío San Miguel Sosa, de la Asociación Civil Control Ciudadano

Por su parte, los jueces en la sede de la Corte en Costa Rica escucharon todos los testimonios, entre ellos los de Rocío San Miguel Sosa, quien se desempeña como abogada y asesora jurídica del Consejo Nacional de Fronteras, que actualmente también está cargo de la Asociación Civil Control Ciudadano y es defensora de los derechos humanos en Venezuela.

San Miguel contó que “durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez Frías recibí por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de más de 3 millones de venezolanos que firmaron la petición de revocatorio, la cual posteriormente se hizo pública, y con ella se hizo una estigmatización que llevó a los funcionarios del gobierno a llamarnos traidores y terroristas”.

[pullquote]”Las demandantes no eran personal fijo sino contratado, por lo tanto, según las leyes venezolanos se podía dar por finalizado  un contrato sin determinar causas explícitas”.[/pullquote]

La abogada relató que “fui despedida de la docencia, mi esposo fue retirado de su carrera militar como represalia, mi familia ha sufrido persecución, y en mí caso han quedado secuelas físicas y emocionales. Quien es disidente en Venezuela es castigado”.

En defensa del Estado, estuvo presente el perito César Augusto Tillero, quien es asesor jurídico de Venezuela, y durante su exposición explicó que “las demandantes no eran personal fijo sino contratado, por lo tanto, según las leyes venezolanos se podía dar por finalizado  un contrato sin determinar causas explícitas”. La sentencia de la CorteIDH para este polémico caso podría ser emitida durante este año.

Erika Rojas

Periodista venezolana

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