Gobierno uruguayo postergará nuevo Código del Proceso Penal

Uruguay.- Según acordaron miembros de la Comisión de Constitución y Reglamentación del Congreso Uruguayo de todos los partidos, los tiempos legislativos previstos para la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) no resultan suficientes y, ante ese inconveniente, el Ejecutivo no se enfrentará a una prórroga si se lo piden.

En este sentido, lo comunicado en la delegación legislativa es que no existe tiempo para sancionar todas las transformaciones y modificaciones antes del 16 de julio (la fecha concertada para pasar del régimen investigador a uno acusatorio) y por esa razón será necesario concertar un nuevo término, informó el diario El País de manera reciente.

De este modo, esa providencia debe ser regularizada con la Presidencia de la República de Uruguay que, ante la existencia de una dificultad real, está dispuesta a consentir el cambio, indicaron a El Observador fuentes oficiales. Los informantes explicaron que el Ejecutivo no favorecerá la prórroga, pero tampoco se resistirá a ese escenario.

De las tres legislaciones que deben ser transformadas y diferenciadas antes del 16 de julio, dos recogieron media aprobación en el Congreso (exclusión de la libertad condicionada y la que normaliza la transición de las causas en curso), pero aún deben ser ratificadas en la Cámara de Parlamentarios que en dos semanas recogerá la Rendición de Cuentas. No obstante, el mayor reto que quedó pendiente resulta la transformación del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que ni siquiera fue admitido en comisión y, por tanto, aún le queda un largo camino reglamentario.

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Según reseñó el portal de El Observador de Uruguay, la innovación y transformación de ese código resulta un mecanismo esencial, a juicio del fiscalizador de Corte, Jorge Díaz, para que el nuevo CPP no entre en vigor con un desafío entre mayores y menores de edad.

“Tal como se encuentra hoy la reglamentación deberíamos comenzar (cuando inicie a regir el CPP nuevo) con un sumario acusatorio para adultos y otro investigador para los adolescentes, lo cual resulta definitivamente incoherente”, indicó Díaz cuando asistió ante la delegación de Constitución y Legislación del Congreso.

En ese sentido, la fiscalía de Corte solicitó el aplazamiento de su aplicación al tiempo que para la Suprema Corte de Justicia se encuentran dadas las circunstancias para su ejecución.

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