Google y Facebook temen los efectos de la ley anti-prostitución

Facebook y Google son algunas de las compañías que se oponen a un proyecto de ley del Senado de Estado Unidos destinado a reprimir el tráfico de menores vía online, una postura que convierte a los gigantes de Silicon Valley en aliados de una página web acusada de suministrar una plataforma de publicidad para la prostitución adolescente. 

Las compañías y los grupos del sector de la tecnología dijeron que los proveedores online se encuentran considerados más responsables de expresiones y videos publicados por los usuarios si los políticos estadounidenses actúan contra Backpage.com y sus anuncios clasificados online. Los defensores del proyecto de ley disienten, indicando que la medida crea una excepción limitada a fin de disuadir a los infractores y que no afectará a internet.

“Evidentemente hay un problema” por que las víctimas del tráfico sexual publicitado en Backpage pierden ante jueces que citan la inmunidad federal, comentó Yiota Souras, abogada del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, un grupo sin fines de lucro. “Una y otra vez las víctimas son expulsadas de la justicia, pese a haber tráfico”.

Las compañías de tecnología dijeron que se encuentran de acuerdo con el propósito de la ley, pero temen sus consecuencias involuntarias. Quieren preservar la inmunidad que obtuvieron del Congreso dos décadas atrás, después de que la agencia de corretaje dramatizada en la cinta “El Lobo de Wall Street” demandó a un servicio por internet por comentarios críticos subidos en paneles de mensajes.

Ahora, al menos 28 senadores estadounidenses se han sumado a la iniciativa de retirar parte de la protección otorgada en los inicios del internet comercial. Se tiene previsto una audiencia por el proyecto de ley para el 10 de septiembre, en los últimos días,  Oracle Corp. y 21st Century Fox Inc. apoyaron la medida.

La internet Association, un grupo con sede en Washington que cuenta con miembros  Snap Inc, Alphabet Inc,  Twitter Inc y Facebook.

Sin embargo, redactó al grupo, el proyecto de ley es “ridiculamente amplio” y “generaría una nueva ola de acciones malas e impredecibles contra compañías legítimas en vez de abordar la conducta delictiva subyacente”.