¿Estado uruguayo violó separación de poderes?

Uruguay.- Un grupo de unos mil funcionarios judiciales mostró de forma reciente la denuncia ante la Organización de las  Naciones Unidas (ONU) por la que requieren al Consejo de Derechos Humanos de esa asociación que declare que el apartado 15 del proyecto de legislación de la Rendición de Cuentas, que habilita al Estado uruguayo a demorar la cancelación de deudas por juicios perdidos, sea señalado “incompatible” con principios básicos de los derechos humanos.

A través del documento, solicitan al mismo tiempo que se declare que “afecta la autonomía del Poder Judicial toda regla jurídica que lo despoje de su poder jurisdiccional” de hacer plasmar una sentencia.

Según reseñó el portal El Observador, el abogado y especialista Pablo Donnangelo, representante de ese grupo de trabajadores (que resulta independiente de la Asociación de Funcionarios Judiciales), arguyó que la medida que ya fue ratificada en Diputados va frente a diferentes fallos de la Suprema Corte de Justicia que constreñían al Estado a cancelar a los trabajadores cerca del treinta por ciento de aumento salarial que demandan desde que se votó la legislación de Presupuesto del año 2012.

A su vez, Donnangelo solicitó a la ONU que “recomiende al Estado uruguayo que apadrine las medidas reglamentarias o de otro carácter para impedir la intromisión de cualquier otra autoridad del Estado en el proceso de cumplimiento y acatamiento de las sentencias judiciales”.

Resultado de imagen para ¿Estado uruguayo violó separación de poderes?

Así, constitucionalistas y especialistas en derecho administrativo conjeturan que el apartado 15 es “contrario al estado de derecho”, violatorio del principio de separación de atribuciones e inconstitucional.

De esta forma, la Relatoría de Derechos Humanos para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU realiza observaciones sobre “atentados a la autonomía de la judicatura, los abogados y los funcionarios judiciales”, así como recomendaciones y amonestaciones a estados, a petición de las administraciones o por denuncias que se le exhiban, según indicó el portal web de la Comisión de Derechos Humanos.

En su petitoria, los judiciales indican del mismo modo que la ONU se exprese sobre al artículo 733 del presupuesto nacional, que va en la misma trinchera que el apartado 15.