Brasil posee comunidades nativas no conectadas

Brasil.- La República de Brasil es el hogar de la mayor cantidad de comunidades nativas no conectadas en todo el mundo. Ocultados en las honduras de la selva primigenia de la Amazonía, estos grupos personifican la última frontera de una supuestamente inexorable ocupación que inició con la llegada de los navegantes portugueses y españoles a las costas de Sudamérica a inicios del siglo XVI.

Según reseñó The New York Times, la historia de la región amazónica de la República de Brasil, como la de cualquier otra zona del continente americano, se encuentra plaga de episodios de crímenes masivos y crueldad consumada contra sus habitantes nativos. Huyeron tribus enteras, muchas sin dejar huella. De todas estas brutalidades, solo unas cuantas se plasman en los recuentos gubernamentales, y casi nunca hubo escarmiento para los responsables.

Sin embargo, hace treinta años, Brasil dio un movimiento extraordinario para contener la marcha de esta funesta historia. Reconoció el derecho de sus nativos a continuar sus estilos habituales de vida, comprendido el de permanecer apartados de la sociedad moderna. Del mismo modo reconoció que requieren ríos y bosques indemnes para perdurar como lo han hecho desde antes de la llegada de los conquistadores europeos.

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Con ese propósito, el gobierno estableció una unidad específica dentro de la agencia de asuntos nativos (Funai). Le encomendaron a la unidad salvaguardar esos territorios libres y aseverar la viabilidad de las comunidades originarias que habitan en ellas. A los funcionarios de campo, que antes buscaban perseguir a las tribus incomunicadas entre la maleza, se les estableció un nuevo papel: establecer los lugares donde existían esas tribus y ser los encargados de situados de control para cercar competencias que pudieran amenazar el bienestar de las localidades nativas. Los derechos de estas tribus (y el compromiso del gobierno de salvaguardarlos) se ofrendaron en estatutos, convenios internacionales y la Constitución de la República de Brasil de 1988, que continúa siendo legislación en esa nación, por lo menos en papel.

No obstante, la Republica de Brasil se encuentra dando marcha atrás ágilmente a esos compromisos. Los graves recortes de capital para la Funai y el retiro forzado de sus funcionarios más notados en franjas remotas han incentivado el abandono por parte del personal y el cierre de casi un tercio de los puestos de inspección que protegen el acceso a los territorios de las tribus sitiadas de la Amazonía.