INE multó a coalición partidista mexicana por uso indebido de financiamiento

México.- La coalición partidista Por un Coahuila Seguro fue multada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, por uso indebido de los fondos de financiamiento para la campaña electoral.

La decisión fue tomada por mayoría de seis votos contra cinco, por el Consejo General de ese organismo oficial, instancia que determinó que la multa que debe ser cancelada por la coalición es de 918 mil 720 pesos.

Para proceder a la entrega de las tarjetas, el partido recababa datos personales de los electores

La coalición Por un Coahuila Seguro, que está encabezada por Miguel Ángel Riquelme, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue acusada por usar las tarjetas “Mi Monedero Rosa”, “Mi Monedero” y “Mi Tarjeta de Inscripción” en la pasada contienda electoral.

Este tipo de tarjetas fue empleada por Riquelme para promocionar su candidatura a la gobernación del estado, lo cual está penado por la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 25.

Esta normativa legal establece que este tipo de gastos no tienen un objeto partidista y contravienen la obligación de “aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados”.

A juicio de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, “es un gasto de propaganda que se convierte en una promesa de dádiva, y consecuentemente en un gasto indebido”, pues fue otorgado un beneficio “concreto, personalizado y específico”.

“De cara a 2018, más vale ir generando certezas, y no podemos permitir que este tipo de gastos sean considerados como un gasto de campaña”, afirmó Córdova.

El Instituto Electoral de Coahuila deberá realizar una investigación, para determinar si con la entrega de este tipo de tarjetas hubo una intención de compra o coacción del voto.

“El uso de una dádiva a cambio del voto, o el compromiso por el voto, es una competencia que, tratándose de una elección local, le corresponde al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de la entidad de que se trate”, agregó Córdova.

Para proceder a la entrega de las tarjetas, el partido recababa datos personales los electores, con la promesa de que se les entregaría el beneficio.

Este uso de los financiamientos destinados a las campañas políticas no es permitido por la legislación mexicana de la materia.

Uno de los consejeros que votó en contra de la sanción, fue Enrique Andrade, quien estimó que fue una promesa de campaña, pero no se concretó la entrega real de ningún beneficio.