Justicia uruguaya dificulta cobro de juicio

Uruguay.- Ganar un juicio civil y recaudar lo que establece la Justicia Uruguaya resulta casi inverosímil cuando el condenado se niega a cancelar, según determinó un trabajo reciente del Centro de Estudios Judiciales de las Américas (CEJA), el cual dio a conocer el funcionamiento de los juzgados civiles charrúas y será mostrado en los días próximos.

Según reseñó el portal de El Observador de Uruguay, el profesor y catedrático del área de Derecho Procesal y vicepresidente del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, Santiago Pereira Campos, manifestó que “si el condenado no pretende cancelar, aunque haya sido penado por la Justicia es casi imposible cobrarle y esto pasa no únicamente cuando se gana un juicio al Estado sino igualmente entre particulares”. En esos casos “el proceso muestra altos estándares de burocracia, ineficiencia y retraso”, finiquitó el informe.

Cuando el deudor no cancela la condena reglamentaria resulta necesario dar inicio otro juicio designado “de ejecución” al deudor. En ese juicio se buscan patrimonios que el condenado posea para embargarlos y rematarlos con el propósito de que se cobre la deuda. Pereira Campos agregó: Primero resulta dificultoso encontrarle bienes al insolvente para ejecutar esos bienes y si se le consigue vender un bien lleva un proceso de diez años”.

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Los juzgados civiles gestionan casos de compensación patrimonial o juicios lucrativos que excedan los $500.000. Los que se desarrollan contra el Estado se formalizan en los tribunales de Contencioso Administrativo y los que son entre personas particulares en los juzgados civiles. En la ciudad de Montevideo existen cuatro y dieciséis, respectivamente.

El estudio llevado a cabo sobre el trabajo del Código General del Proceso (CGP) efectuado en el año 1989 (por el cual los juicios civiles pasaron a gestionarse por recepciones orales y públicas como en este momento se hará con el asunto penal) ultimó que el nuevo proceso “tuvo un impacto altamente efectivo en el método de justicia, pero no tuvo la vigencia esperada en correspondencia al cobro de los juicios conquistados, que es lo que se llama sumario de ejecución”.

A su vez, la investigación aseveró que la transformación que se implementó al Código General del Proceso en el año 2013, con la conformidad de la legislación 19.090 para optimizar ese proceso de recaudación de las sentencias, tampoco obtuvo los resultados esperados.