¿La defensa de los DDHH en Colombia puede costar la vida?

Colombia.- Existen gran cantidad de países en los que dedicarse a la defensa de los derechos humanos se puede pagar con la vida, y uno de los que se encuentra en esa lista es Colombia.

Lejos de los que muchos pudieran pensar sobre Colombia, desde que los acuerdos de paz han estado en el tapete para su firma y ratificación, las cifras sobre personas defensoras asesinadas han aumentado. Trasgresiones que en la mayoría de los casos no se les hizo justicia.

El pasado 11 de septiembre de 2016, el líder afrodescendiente Néstor Iván Martínez murió abatido a tiros por unos atacantes no identificados en el municipio de Chiriguaná, departamento del Cesar. 

Martínez participaba de manera activa en diferentes campañas por el cuidado del medio ambiente y de los derechos sobre las tierras, y también había hecho campaña contra actividades mineras. Él es sólo uno de los muchos defensores y defensoras, líderes sociales y comunitarios que murieron el año pasado y que siguen muriendo en Colombia.

Según se hace constar en la “Declaración de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos”, del 9 de diciembre de 1998, “toda persona tiene derecho individual o colectivamente a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”.  En Colombia las cifras ponen de manifiesto que las personas no pueden ejercer este derecho ni con libertad ni con garantías.

De manera paradójica, durante el mismo año en el que se firmaron los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, fueron asesinadas 80 personas defensoras de DD.HH. y otras 49 fueron víctimas de atentados contra su vida.

Los datos que fueron publicados por  la ONG colombiana “Somos Defensores” en su informe anual relativo a 2016, además de ser alarmantes, suponen un incremento del 22% y 29% respectivamente respecto a los de 2015. 

El incremento resulta aún más preocupante si se tiene en cuenta que disminuyeron los homicidios y acciones violentas en términos generales gracias al cese del fuego entre ambas partes, lo que indica que estos crímenes fueron consecuencia de ataques selectivos contra civiles concretos. Especialmente contra líderes comunitarios, activistas ambientales y en favor de los derechos sobre la tierra y contra personas que hacían campaña por la paz, la justicia y contra la impunidad, sobre todo en zonas rurales.

Tendencia que se mantiene este año, hasta el 30 de enero, 17 nuevos casos de homicidio han sido denunciados, 10 de ellos ya confirmados.

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