México avanzó en polémica que rige el papel de los militares

México se dispuso a regular la intervención del Ejército en la guerra contra el crimen organizado, lo que perpetuaría la presencia de los militares en las calles del país. 

La medida desató las críticas de los organismos defensores de los derechos humanos, que la consideran una violación de la Constitución.

Hoy en la mañana, la Comisión del Congreso aprobó la Ley de Seguridad Interior, con 18 votos a favor y 13 en contra. Ahora, deberá ser evaluada en el pleno y de ahí pasará al Senado.

10 años después de que el Gobierno de Felipe Calderón emprendiese la guerra contra el narcotráfico, que ha dejado más de 170.0000 muertos y más de 25.000 desaparecidos, la norma, hasta ahora entrampada en el debate legislativo, comienza a cobrar forma pese a las críticas de las organizaciones.

¿Dé que va la nueva normativa de los militares?

El mandatario mexicano, Peña Nieto, y el secretario de Defensa y responsable de las Fuerzas Armadas, Salvador Cienfuegos, han presionado en los últimos días para que se aprobase la norma. “La ley dejó de ser solamente una valiosa propuesta para cambiar en una imperiosa necesidad”, aseguró este miércoles el mandatario mexicano.

Los partidarios de la Ley de Seguridad Interior defienden que establece una hoja de ruta para que las fuerzas armadas continúen en la lucha contra el crimen organizado.

“Hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el país, en todo momento, en todo momento”, aseguró recientemente Cienfuegos, quien ha urgido a aprobar la norma.

Actualmente unos 50 mil militares combaten al crimen organizado. Desde 2006, 750.000 efectivos del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en todo el país.

La propuesta que fue aprobada recientemente por la Comisión del Congreso -con los votos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados- regula la intervención de las fuerzas armadas en acciones para contener amenazas a la seguridad pública en cualquier zona geográfica –o en todo el país- sin exceder un año de vigencia, pero con posibilidad de prorrogarlo.

La propuesta fue rechazada por el resto de partidos, aunque se espera que en el Senado, donde el PRI no tiene mayoría, cuente con el respaldo de algunos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), del expresidente Calderón.