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Ministro de Salud explicará el corralito permanente en Uruguay

Afirman que la decisión va en el sentido inverso de lo que precisa el sistema de salud

Uruguay.- El titular de la cartera de Salud, Jorge Basso, acudirá hoy a la Comisión de Salud del Senado para ofrecer las explicaciones sobre la suspensión de la apertura del corralito mutual, que permitiría cambiarse de prestador de salud durante febrero de cada año.

Según reseñó Montevideo Portal, el parlamentario perteneciente al Partido Nacional, Javier García, manifestó que se trata de una disposición en el sentido inverso al que el sistema necesita y alegó que si los usuarios no pueden cambiarse, los prestadores no tendrán motivos para mejorar su servicio.

”El camino es apostar por la defensa de los derechos de los usuarios, la calidad del servicio y la libertad de elección. El gobierno del Uruguay no únicamente no elimina el corralito, sino que lo profundiza en una violación de los derechos de los usuarios’‘, aseguró García.

El Corralito

Cuando se sancionó la legislación que creó el sistema integrado de salud, se dispuso la instauración de un corralito mutual que impedía a los usuarios cambiarse de prestador.

A ese corralito se le daba apertura cada febrero para que quienes quisieran pudieran cambiarse, siempre que tuvieran al menos tres años de antigüedad.

De esa manera se buscaba que no se diera una corrida que propiciara inestabilidad en el sistema y a su vez poseer un mayor control sobre los cambios.

corralito

De todas maneras, fuera del período de cambio existía la alternativa de presentarse ante la Junta Nacional de Salud y requerir el cambio argumentando motivos de pérdida de la confianza o efectos específicos relacionados al tratamiento de determinadas enfermedades o situaciones fundadas.

Así, para optimizar la calidad de la decisión del prestador para elegir, el Ministerio desplegó un servicio de información disponible en la web A tu Servicio, que daba cuenta de un dígito importante de indicadores sobre cada prestador.

Ese proceso quedó detenido cuando en enero pasado el ministro Basso manifestó que ya no se podría cambiar de prestador, arguyendo que no se logró combatir el delito de intermediación lucrativa, por la que hubo sesenta procesados en 2017.

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