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Organizaciones LGBT exigen protección

Colombia.- Defensores de personas LGBT en Colombia emiten recomendaciones al Gobierno nacional, a la Fiscalía y Policía, exigiendo mayor celeridad en asesinatos.

En el informe denominado “Cuerpos Excluidos, rostros de impunidad”, elaborado por las organizaciones Colombia Diversa, Caribe Afirmativo y Santamaría Fundación, se muestra que desde en el año 2012 hasta finales del 2015 se registraron en el país 405 homicidios de integrantes de la comunidad LGBT.

El año pasado fue el más violento para esta población según refleja el reporte. Sin embargo cabe destacar que no todos los homicidios de personas LGBT ocurrieron por discriminación contra dicha población.

De los 110 registrados en el 2015, 43 de ellos ocurrieron bajo un móvil prejuicioso mientras que el resto de los casos fueron atribuidos a situaciones personales y no por su condición de género. Si bien la localidad colombiana de Risaralda no aparece en los primeros lugares en la incidencia de asesinatos de personas LGBT en el 2015, si ocupa el primer puesto en el Eje Cafetero.

Eduardo Montoya Pérez, integrante de la fundación Plataformas, indicó que este informe es un llamado a la reflexión con respecto a la intolerancia y a la falta de políticas públicas y prevención. Montoya expresó que se requieren con urgencia una normativa legal que proteja a la población en el Eje Cafetero.

En ese sentido, sostuvo que los dirigentes de los Consejos Consultivos de Diversidad Sexual deben activar las mesas de trabajo con los casos urgentes y de esta forma empoderar a la población diversa sobre sus derechos.

Dentro de la comunidad LGBT en Colombia, los más afectados son los hombres homosexuales con 52 asesinatos, seguido de los trans con 33, lesbianas con 11, bisexuales con 7 y en 7 casos no se conoció la orientación sexual o identidad de género correspondiente.

Recomendaciones. En el informe formularon varias recomendaciones para diferentes instituciones en el país, con la finalidad de evitar la violencia contra está población o por lo menos para que los delitos no queden impunes.

Una de estas misivas iba destinada al Gobierno nacional a quienes solicitaron expedir e implementar a la Política Pública Nacional para que garanticen los derechos de las personas LGBT.

Este cuerpo de seguridad debe coordinar las acciones en materia de prevención, protección, investigación, sanción y garantías para que estas violaciones de los derechos humanos no se repitan.

También se dirigieron a la Fiscalía General de la Nación para establecer criterios claros para la asignación de investigaciones por crímenes hacia personas LGBT.

A la Policía Nacional exigieron implementar mecanismos de prevención y seguimiento de las denuncias que expongan hechos de violencia policial, que incluyan acciones relacionadas con el eventual retiro de los policías denunciados de la zona donde ocurrieron los hechos mientras se adelantan las respectivas investigaciones y hacer un seguimiento de sus actuaciones en otros cuadrantes en el evento que sean trasladados.

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