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Regresó la polémica por la Ley de Riego en Uruguay

Uruguay.- El Partido de los Trabajadores de la República del Uruguay (PT), sin representación parlamentaria, impulsó la recolección de firmas para derogar la Ley de Riego, aprobada en el mes de octubre del pasado año 2017.

En este sentido, Nicolás Marrero, dirigente del Partido de los Trabajadores de la República del Uruguay, aseguró a La Diaria que la modificación de la legislación 16.858 privatiza el agua y viola el apartado 47 de la Constitución, sancionado en la reforma del año 2004, que reza que “el agua representa un recurso natural fundamental para la vida” y que “el acceso al líquido vital potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales e inherentes”.

ley de riego  

Ley de Riego

Para que la legislación sea puesta a consideración de la ciudadanía se deben recolectar más de setecientas mil firmas antes del mes octubre de este año.

“Llamamos a las organizaciones sociales y al Plenario Intersindical y la Convención de Trabajadores del Uruguay a que se sumen a esta campaña; si todos los partidos votaron una ordenanza que privatiza el agua, los trabajadores precisan tener una alternativa propia”, manifestó Marrero.

Así, el integrante del PT consideró que la legislación resulta “un progreso en la privatización de agua, debido a que instaura un mercado de agua y consiente un negocio; además, existen estudios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y de diferentes ordenaciones ambientales que refieren que tendrá consecuencias para el abastecimiento y surtido de agua potable a los sectores de la población; por lo cual, la privatización y la contaminación van de la mano”.

Cabe destacar que a mediados de octubre del año 2017, cuando el proyecto era discutido en el Parlamento uruguayo, académicos pertenecientes a la Facultad de Ciencias y organizaciones como Redes-Amigos de la Tierra y la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida distinguieron y dejaron ver que la iniciativa propuesta quebranta la Constitución porque habilita la mercantilización del agua.

De esta manera la ley prevé la posibilidad de que inversores privados, no relacionados al sector agrícola, se incorporen a las denominadas Sociedades Agrarias de Riego; las compañías, además, se pueden acoger a los mercedes fiscales establecidos en la Ley de Promoción de Inversiones.

 

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