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Uruguay: Comisión Interamericana de Derechos Humanos atendió casos judiciales

Uruguay.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió de manera reciente a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en el marco de las audiencias públicas judiciales que se llevaron a cabo durante los últimos dos días en la ciudad de Montevideo.

Según reseñó el portal La Diaria, la disposición de recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apunta a llamar la atención (a partir de un caso delimitado en el Uruguay) en torno el relacionamiento entre los Poderes Judiciales y los organismos nacionales de derechos humanos en los Estados que completan el sistema interamericano, en aras de garantizar, para este tipo de fundaciones, la soberanía y la independencia en el ejercicio de sus obligaciones y facultades reglamentarias.

Así, el “caso concreto” refiere a una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno que, en un procedimiento de amparo requerido por un gobierno departamental, estableció la suspensión de la aplicación de una resolución sentenciada por la Defensoría del Pueblo.

“Los dictámenes judiciales en un Estado de derecho se efectúan, no se discuten, pero sí asumimos la posibilidad de reclamar ante otros órganos del sistema interamericano de defensa de derechos humanos que del mismo modo integran los mecanismos que se encuentran vigentes en el país”, manifestó Juan Faroppa, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, después de la audiencia, al referido portal web.

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Del mismo modo Faroppa indicó que no se buscó contender el derecho de exhibir el amparo “porque el gobierno posee todas las potestades de hacerlo”, pero se aseveró que en la resolución de segunda instancia, en el veredicto concluyente que ordena la interrupción de la resolución de la INDDHH, los compendios manifiestan el desconocimiento de las competencias de la Institución, así como de nociones y patrones generales sobre derechos humanos”.

Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo una sentencia judicial que de alguna forma impresione el cumplimiento de sus competencias o capacidades específicas “tiene que encontrarse dictada con conocimiento pleno de cuáles son esas capacidades y lo que dice la legislación”.

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