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Uruguay: Crearán impuesto progresivo a castrenses retirados

Uruguay.- El proyecto de legislación que grava a las jubilaciones más altas de los castrenses retirados, que se encuentra actualmente a consideración de la comisión de Hacienda del Senado de la República del Uruguay, establece la conformación o creación de un impuesto progresivo por escalas, a colocarse en funcionamiento sobre las jubilaciones por encima de los $ 50 mil nominales, además de refrenar el déficit de unos US$ 400 millones anuales de la caja de retiros militares.

Respecto a esto, para despejar cualquier vacilación o incertidumbre respecto a la legitimidad de las modificaciones, la delegación solicitó informes jurídicos especiales a las cátedras de Derecho Constitucional de las universidades.

Según reseñó el portal de El Observador, la Universidad de la República llegó a la conclusión de que el proyecto de estatuto a consideración es inconstitucional por violar el apartado 67 de la Carta Magna.

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Jubilaciones castrenses y tributos

Según constó en el informe llevado a cabo por el Instituto de Derecho Constitucional, las jubilaciones deben ser resueltas por contribuciones obreras, patronales y demás tributos instituidos por legislación o la asistencia financiera que deberá facilitar el Estado.

“Para acudir ante la insuficiencia del producido de recursos reseñados, no atañe gravar jubilaciones y pensiones sino apelar a la asistencia financiera del Estado“, manifestó el informe de tres páginas remitido al rector de la Facultad de Derecho, Juan Andrés Ramírez.

Así, ese apartado de la Constitución, reformado por el plebiscito del año 1989, implanta que las jubilaciones se financiarán, por un lado, “sobre el asiento de contribuciones obreras, patronales y demás gravámenes establecidos por ley“, y, por otro, gracias a “la colaboración prestamista que deberá suministrar el Estado si fuera necesario”.

Al mismo tiempo, dispone que los ajustes de las jubilaciones nunca puedan resultar menores a la diferenciación del Índice Medio de Salarios y únicamente pueden efectuarse en las mismas conformidades en que se establezcan ajustes o acrecentamientos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central”.

A principio del presente mes de noviembre la Universidad Católica aseveró que el proyecto de legislación “es contrario al apartado 67 de la Constitución” en tanto “quebranta el principio de igualdad“, al gravar a un grupo de personas “sin que el mismo declare una capacidad contributiva mayor que demuestre la diferenciación”.

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