Uruguay: Proyecto de legislación regulará compras de hospitales

Uruguay.- Esta fue una semana complicada para la Administración de Servicios de Salud del Estado de la República del Uruguay (ASSE). No únicamente se dio inicio al trabajo de la Delegación Investigadora de la Cámara de Parlamentarios que indagará las supuestas irregularidades en la corporación, sino que se dieron a conocer las terminaciones de los sumarios que se efectuaron en los distintos centros del interior de la nación y tuvieron como resultado “faltas graves y gravísimas” perpetradas por sus autoridades.

En este sentido, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó de manera reciente un proyecto de legislación que busca “clarificar las diferentes interpretaciones” en relación a la aproximación del interés público y privado en el manual de contratación pública (Tocaf).

Según reseñó el portal El Observador, el documento busca acabar con las contrataciones irregulares en la Administración de Servicios de Salud del Estado, de hecho, asevera que “la propuesta brota de la preocupación general en el sector salud”. Por esa razón, precisa la redacción del manual de contratación pública y señaló que no son aceptables las ofertas presentadas por los “funcionarios públicos del órgano adecuado para contratar y gastar”. En otras palabras, un funcionario que labore en un centro de salud de ASSE no puede transferirle ningún servicio a ese centro hospitalario.

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“Este propósito guarda relación con ciertos inconvenientes que hemos vivido durante los últimos años sobre diferentes interpretaciones acerca de la trascendencia de los conflictos de intereses”, explicó a los medios de comunicación el ministro el pasado día jueves. En ese sentido, la disposición de la cartera se relaciona con las últimas irregularidades reconocidas en el prestador, donde rectores de hospitales contrataron servicios a sociedades de la que eran dueños.

Así, una auditoría del pasado año 2014 ejecutada en el Hospital de Dolores reveló que la exdirectora de ese centro, Ana Falótico, convino con la compañía EMS Limitada para que ofreciera servicios de envío en ese centro, cuando ella y su esposo eran los amos de la firma. Si bien la experta ya no labora en ese hospital, el consejo de ASSE solventó a finales de agosto suspenderla por 91 días con suspensión de haberes luego de que un sumario estableciera que había cometido “una falta grave”.