90 días de medios Macristas

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Argentina.- El gobierno de Mauricio Macri trajo muchas transformaciones en el país, el sistema de medios de comunicación fue uno de los más afectados. Acá un repaso de lo que viene sucediendo.

El gobierno de Nestor Kirchner y de Cristina Fernandez de Kirchner, detectaron en los medios de comunicación un lugar donde librar una de las “batallas por el poder” más importantes durante su gestión.  Fijar “agenda”, establecer un “relato”, fueron conceptos que naturalizamos por parte del Gobierno en los doce años de gestión.  Para dar a conocer lo que no se ocultaba, o para ocultar lo que no se quería dar a conocer.

Se formó un verdadero “tablero de ajedrez” en el que los actores movían sus fichas según les conviniera para su interés. El Estado, y el Sector Privado se enfrentaron y se aliaron cada vez que se necesitaron o se odiaron. La famosa “grieta” que se instaló como idea de división en la Argentina era alimentada constantemente por uno y otro lado de esta contienda por el control de la opinión pública.  El sector privado, a su vez, se dividió entre los que estaban a favor del gobierno y los que no, dejando un muy pequeño margen para los que no se posicionaban en ninguno de los sectores.

Tras su asunción presidencial, Mauricio Macri, comprendió que le era necesario modificar el tablero en el que se jugaba la partida. En estos 90 días de gestión del gobierno de “Cambiemos”  muchas transformaciones se fueron dando en el escenario de los medios. No podemos dejar de poner en contexto, el poderoso rol que estos jugaron para incentivar, o menospreciar la campaña de los candidatos a presidente: Macri, Scioli y Massa (en menor medida). Cada uno tuvo su ejército de canales, diarios y revistas, que “fogoneaban”  a unos y “manchaban” a otros. Quien asumiera debía recompensarlos.

Moviendo las leyes.

El primer cambio  fue la  creación del Ministerio de Comunicaciones, ente  con rango de secretaría durante el gobierno anterior. El mismo pasó a ser  dirigido por el ex – diputado radical Oscar Aguad. El funcionario cuenta como experiencia en el ámbito de comunicación y medios siete años como miembro del directorio del diario “La Voz del Interior”, en la década del 80.  Pero el gran sacudón lo dio el DNU 267/15 en el que se derogó el AFSCA, AFTIC y algunos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creando en su remplazo el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Al frente del ENACOM, se nombró a Miguel de Godoy. A diferencia del ministro Aguad, De Godoy cuenta con experiencia en el ámbito comunicacional: fue publicista, se desempeñó como vocero de Fernando De la Rúa y tuvo a su cargo la Secretaría de Medios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2011 y 2015.

Más allá de toda la espectacularidad de los hechos ocurridos con el desalojo del edificio del AFSCA el 24 de Diciembre y las sucesivas resoluciones de la Justicia sobre su legalidad o no, este decreto cambió el marco legal del sistema de medios. Las derogaciones de artículos claves, como  el artículo 31 inciso “C”, el 43, el apartado “E” del artículo 44, de la ley 26.522 (Ley de Medios) habilito a las empresas de medios a realizar movimientos comerciales y uniones que antes tenían prohibidos. Al quedar sin efecto los párrafos en referencia a la forma y requerimientos para constituirse como licenciatario de un medio, se habilitó la fusión de empresas y el ingreso de empresarios de otros sectores, antes no permitidos. La llegada de las telefónicas a los sistemas de cableoperación fue una de esas barreras que se levantó. Semanas más tarde de la emisión del DNU, el Grupo Clarín compró  el 51% que antes le era impedido de la empresa de telefonía celular “Nextel”. Lo hizo a través de “Cablevisión”. Llegando así a 2 millones de abonados a esa empresa de celulares. Esta operatoria, con la regulación de AFSCA y AFSTIC no era autorizada,  para evitar concentraciones de medios en pocas empresas.

Muchas voces diciendo poco.        

Con la construcción del nuevo mapa en los medios en el país,  muchas voces disidentes al gobierno entrante fueron perdiendo lugar. La metodología de contratación que se utiliza en las empresas de medios en Argentina lleva a que muchos despidos queden encubiertos como: “no renovaciones de contrato”.  El caso de “6,7,8” fue uno de ellos. Tras vencerse el contrato que mantenían con la “Tv Pública” hasta fines de Diciembre 2015 fueron sacados del aire. Era de esperar que un programa marcadamente opuesto al Presidente entrante no tuviera espacio en la “Tv Pública”. Lo cual no es bueno, porque se callan voces discrepantes en el único canal que debe transmitir las voces de todos los argentinos. Cabe señalar que, a pesar de la gran labor que mantuvo hasta 2015 Tristan Bauer frente a Radio y Televisión Argentina (RTA), el canal oficial es, desde su creación utilizado como medio de propaganda del Estado. Ningún gobierno escapó a esa lógica. Lo esperable es que programas como “6,7,8” encuentren espacio en otros medios, mostrando una pluralidad de voces que parece irse achicando.

Otro caso paradigmático fue el cambio de programación de “Nacional Rock” (FM 93.7). Tras asumir la nueva dirigencia en Diciembre, levantaron íntegramente  la programación para solo pasar música.  Dejando sin ese espacio a voces  que el gobierno no  espera escuchar.  Obviamente esta situación dejó en la calle a cientos de trabajadores. A pesar de eso, el nuevo responsable de la emisora es Roberto “Boby” Flores, un hombre con reconocida trayectoria en el ámbito de la radio y del Rock.

En “Radio Nacional” (AM 870) los cambios sucedieron de otra manera. Se dio continuidad a los contratos en curso, y se dejó sin efecto los mismos a fines de Enero de 2016, una vez que estos concluyeron. Las desvinculaciones en esta emisora fueron famosas por los dichos de la nueva Directora Ejecutiva Ana Gerschenson. Durante la notificación de no continuidad de los programas, en el hall del edificio de la radio, Gerschenson  manifestó, entre otras cuestiones, diferencias ideológicas  detectadas al “leerle el Twtiter” al periodista  Jorge Halperin. El hecho fue registrado con cámaras de celular y automáticamente difundido por las redes sociales.

 Al igual que en “Radio Nacional”, en la señal de deportes del gobierno “DeporTV” se dieron por finalizados los contratos de más de 120 trabajadores. Los mismos eran parte de la productora de la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF).

Las transmisiones del “Futbol Para Todos” (FPT) son un marcado cambio de postura. Con el fundamento de no hacer del futbol un espacio de propaganda política y de lograr su rentabilidad, el nuevo director del programa Fernando Marín,  abrió el juego a la pauta publicitaria, eliminando todo tipo de propaganda estatal. El FPT que aporta la gran parte de los ingresos de la AFA, decidió aumentar lo que pagaba por derechos de transmisión pero menos de lo que esperaban los clubes.  Marín decidió hacer entrar a la pantalla de Canal 13 (miembro de Grupo Clarin) al FPT. De esta manera los 15 partidos de cada fecha se dividen en los 4 canales de aire. Durante los años anteriores del FPT los partidos de River y Boca (los dos clubes más convocantes del país) eran transmitidos por la “Tv Pública”. Esta señal es la de mayor alcance en nuestro territorio. En gran parte de Argentina para poder acceder a los canales de aire (America, Canal 9, Telefe y Canal 13) se debe contar con sistema de cableoperador, ya que la potencia de las antenas de aires de estas emisoras no tiene total alcance. Por lo cual, desde 2016, los dos clubes de mayor rating dejan de poder verse de manera gratuita y pasan a necesitar de un abono a un sistema de cable para la mayoría.  Telefe y Canal 13 abonan por los derechos de transmisión de esos dos equipos 180 millones de pesos  entre ambos canales por año. Monto que no alcanza a cubrir lo que el Estado paga a la AFA. En cambio, se les cede a los canales la posibilidad de cobrar ellos la publicidad durante la transmisión.

El programa Futbol Para Todos, sostuvo los ingresos de los clubes argentinos en los últimos años,  pero careció de control del destino de ese dinero. Los clubes siguen siendo deficitarios. Una de las tareas del gobierno es poder ordenar esas cuentas.

Privado de todo.

Con la asunción del nuevo gobierno, el panorama de opiniones se achica. Si reconocemos que gran parte del sector  privado de los medios de comunicación apoyó la campaña de Mauricio Macri, ahora a ese apoyo se le suma el aparato Estatal. De esta forma, las opiniones contrarias al gobierno se reducen a un puñado de medios y periodistas.  Es que en Argentina, el Estado Nacional, maneja a discreción la “Pauta Oficial”. Un monto de dinero que debería estar destinado a dar difusión a políticas públicas y de interés social. Desde el gobierno de Carlos Menen, esa pauta se utiliza a modo de “premios y castigos” para aquellos periodistas o empresas que son más o menos afines al gobierno. De esta manera el Estado utiliza ese dinero al estilo subsidio. Al carecer de regulación (en la 26.522 no se aborda el tema), esa gran torta de dinero se maneja a gusto de cada gobierno.  En nuestro país representa el 10% de toda la pauta que se paga, el Estado es el mayor anunciante de todos. El presidente de la Nación se manifiesta todo el tiempo partidario de la libertad de expresión pero en 2010 vetó la ley sancionada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que regulaba la pauta oficial en ese distrito, manteniéndola a reserva suya.

Así, grupos como Indalo (Cristobal Lopez  – Fabian De Soussa), el Grupo 23 (Szpolski y Garfunkel) pudieron crecer y desarrollarse con la seguridad de contar con el respaldo del aporte del gobierno Kirchnerista.  Con el cambio de presidente, ese dinero dejó de ir para esos medios (C5N, CN23, Info News, Radio América, Radio Del Plata, Tiempo Argentino, Pagina 12, entre otros) y comenzaron a dejar de poder solventarse, transmitiendo sin pagar a los trabajadores o directamente cerrando. Empresarios que no se hacen cargo de los salarios y menos opiniones divergentes al discurso oficial.  En la última semana se dio conocer la posibilidad de que el grupo de Cristóbal López cerrara la edición impresa del matutino “Bs. As. Herald”. Este diario, que en septiembre cumple 140 años en el país, es el único que se imprime en idioma inglés.  Se caracteriza por su fuerte compromiso con  la lucha de los Derechos Humanos, aun en épocas de dictadura.

En estas cuestiones el Estado se excusa diciendo que es una situación “entre privados”. Pero tampoco les genera espacios en otros medios, públicos o privados, en el que puedan manifestarse libremente. De esa manera se asegura no quedar involucrado en las condiciones que generan el discurso único. 

El nuevo esquema difiere mucho con el gobierno de los Kirchner, en el cual los grandes grupos de medios se manifestaban opositores al gobierno. Este daba su “relato” en los medios públicos y los privados que sostenía económicamente. Hoy los medios públicos y los grandes medios mantienen una línea editorial afín al gobierno del Pro, y los opositores no cuentan con los recursos.  

A mediados del mes de Enero el periodista uruguayo Víctor Hugo Morales,  fue despedido de su programa en Radio Continental (AM 590)  “La mañana” y desplazado con su equipo de las trasmisiones deportivas.  El caso se hizo público a partir de la irrupción de Víctor Hugo en los micrófonos de la radio dando sus explicaciones, mientras los directivos no querían que eso se transmitiera.  Al igual que en el caso de Radio Nacional la situación fue grabada y subida a internet. Más allá de lo llamativo de la discusión, Morales, no volvió a encontrar un espacio fijo de trabajo. Si bien giró por innumerables medios contando su versión de los hechos y dando opiniones, no tuvo una propuesta firme de empleo. El caso tiene particular relevancia, porque Víctor Hugo Morales fue uno de los periodistas que más se opuso al gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires y a su candidatura a presidente.  Desde el gobierno solo dijeron que era un conflicto entre privados, corriéndose de la situación. Obviamente es una situación dentro de una empresa privada con un empleado suyo, pero si el gobierno nacional busca dar una imagen de libertad de expresión, debería garantizar espacios donde esas voces puedan ser escuchadas. Pero no lo hace, como tampoco lo hace con las situaciones antes mencionadas del Grupo 23 y de Indalo.

Por su parte, los Grupos Clarin y Telefonica crecen más en el armado de sus multimedios. Medios graficos, radios y televisión. De alcance nacional y local. Cada día ellos absorven cuanto espacio les plantee algo diferente. Se «comen» a la competencia. Amparados en la libertad de empresa violan la libertad de expresión.

¿Y ahora qué?

Tras estos movimientos, en los que solamente se sostiene el discurso oficialista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó  para el día 8 de Abril a una Audiencia Pública. En la misma se evaluará la situación de nuestro país en materia de Libertad de Expresión a raíz de las modificaciones generadas por el gobierno de Mauricio Macri. Tras la audiencia la CIHD emite un informe. Esta audiencia surge del pedido que realizará ante ese organismo internacional en Enero la Defensora del Público Cynthia Ottaviano.

Como preveía el artículo 28 del DNU 267/15, se confeccionó la comisión que preparará el proyecto la nueva Ley de comunicaciones. La misma tiene como objetivo unificar las ya existentes leyes de Telecomunicaciones y de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta comisión está encabezada por Silvana Giudici (Directora del Ente Nacional de Comunicaciones), por filósofo Santiago Kovadlof; el constitucionalista y especialista en derecho a la comunicación Andrés Gil Domínguez; el secretario de TIC’s, Héctor Huici; el director de Enacom Alejandro Pereyra; y el vicepresidente de Arsat Henoch Aguiar.

Macri también identificó en los medios de comunicación un elemento fundamental en su gobierno. Se hace necesario que esta nueva ley tenga el espíritu de pluralidad de voces y de democratización de medios, y que brinde las herramientas para poder generar los recursos que lo garantizan. Pero la ley solamente no modificará el panorama. Se necesitan políticas públicas que acompañen el desarrollo de nuevos medios independientes y con diversos «discursos». Si la lógica de este gobierno es la “Libertad de empresa”, la  libertad de expresión quedará desplazada.  Nuestro país no escapa a la lógica capitalista, quienes más tienen más pueden. De esa manera no todos podrán alzar su voz. Seguiremos viendo historias que no pasan, verdades que no son, un país diferente. Las perspectivas no son muy alentadoras y las señales que da el gobierno son contrarias a su discurso.

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