En 2013 Uruguay sancionó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta manera, se convirtió en el primer país con aborto legal, seguro y gratuito.

Uruguay es el país latinoamericano más avanzado en materia de derechos humanos y civiles. Prueba de ello es que legalizaron la venta y el cultivo de cannabis; y rige el matrimonio igualitario y la identidad de género.

En pocos días, el Senado argentino discutirá el anteproyecto de ley que ya cuenta con media sanción de Diputados. La agrupaciones proderechos de las mujeres que confeccionaron el texto tomaron como referencia la normativa uruguaya, donde el aborto es legal desde hace cinco años.

A partir de su entrada en vigencia, hubo un promedio de 8.923 interrupciones por año. Hoy, Uruguay no registra muertes por abortos inseguros.

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Las organizaciones feministas consideran que el proyecto argentino es de avanzada e inclusivo. Sin embargo, el estigma sigue vigente, al igual que la resistencia de ciertos sectores a aceptar un derecho adquirido, al punto de que en varias localidades todos los profesionales son objetores de conciencia.

La experiencia que dio inicio al aborto legal en Uruguay

Sucedió en julio de 2001, cuando Uruguay intentaba salir de un colapso financiero que incluía ajuste fiscal, devaluación, 20% de desempleo y saqueos. En ese mismo año, 19 mujeres murieron, nueve de ellas por aborto clandestino. Además, entre 2002 y 2003, el principal motivo de muerte materna fue por interrupciones inseguras del embarazo.

Fue la tercera mujer en seis meses que llegaba como el resto: a la puerta de emergencias, luego de varios días escondida, con fiebre y anémica. Era joven y murió, como las otras, en silencio y por una infección feroz. Nadie supo cómo ni dónde ni con quién esa chica había abortado. Pero los médicos entendieron que tres muertes así, en tan poco tiempo y en una ciudad pequeña, era un número que estremecía en las estadísticas.

Desde entonces, en el Pereira Rossell, el hospital público donde aquella mujer falleció, los médicos se organizaron. Revisaron la ley, observaron que informar a las pacientes sobre cómo interrumpir un embarazo sin riesgos no era un delito.

Lo que empezó en los pasillos, terminó en la conformación de un equipo integrado por clínicos, psicoanalistas, asistentes sociales y juristas, al que llamaron Iniciativas Sanitarias.

Tomaron como modelo el de El Abrojo, una ONG que trabaja en reducción de riesgos y daños con adictos a drogas ilegales. La ley uruguaya prevé cuatro instancias que aquí llaman “la ruta del IVE”.