Alberto Fujimori será juzgado por la esterilización sin consentimiento de 350.000 mujeres

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Durante el decenio que gobernó Alberto Fujimori en Perú, desde 1990 al 2000, se practicaron más de 272 mil ligaduras de trompas y unas 22 mil vasectomías sin consentimiento y sin conocimiento.

Según informaciones, estas acciones se realizaron a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad en las regiones rurales y en las comunidades indígenas, bajo el nombre de Programa Nacional de Planificación Familiar.

El ex mandatario peruano defendió su política asegurando que se trataba de un plan progresivo que ofrecía una amplia gama de métodos anticonceptivos.

Las personas que fueron víctimas de dicho plan eran, en su mayoría, miembros de distintas comunidades indígenas, de origen humilde y hablantes del quechua, por lo que no entendían el consentimiento que firmaron porque estaba escrito en español.

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2.000 denuncias por esterilización ilegal

Cerca de 2.073 mujeres denunciaron que les ligaron las trompas forzadamente; además, otras 18 murieron como resultado de la cirugía y sus complicaciones. Según la agencia de noticias Europa Press, hoy en día en los tribunales aún hay 1.307 denuncias pendientes.

En la actualidad, Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión y, aunado a esto, la Justicia peruana también lo acusó del crimen a los exministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, según informó la agencia de noticias AFP.

Testimonios de las mujeres intervenidas

Entre los testimonios más resaltantes está el de Josefina Quispe, quien tenía 33 años y 5 hijos, fue sometida a una esterilización sin su consentimiento. Despertó de la anestesia confundida, tumbada en una camilla del hospital, con todo el cuerpo dolirido y con una cicatriz en el abdomen. Empezó a preguntar qué le habían hecho, pero nadie le respondió.

Mamérita Mestanza Chávez tuvo un caso muy conocido, que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ella tenía 33 años y había dado a luz a su séptimo hijo; las enfermeras del centro de salud al que asistía insistían en que se realizara controles de su bebé.

Afirmaban que si no accedía a la ligadura de trompas le pondrían multas o la encarcelarían. La operaron sin estudios previos ni brindarle ningún tipo de atención postoperatoria. Murió a los ocho días de la cirugía.

Otra de las víctimas fue Victoria Vigo. Tenía 32 semanas de embarazo, no se sentía muy bien y asistió al médico.

«Me evaluaron y decidieron llevar a cabo una cesárea de emergencia», contó Vigo, diciendo que su bebé nació con dificultades respiratorias y murió poco después. «Había un médico tratando de consolarme diciendo: ‘No te preocupes, todavía eres joven, puedes tener otro bebé'».

Sin embargo, otro médico lo contradijo: «No puede tener más hijos. La hemos esterilizado».

«Yo quería tener más hijos, pero esa elección me fue quitada sin mi permiso», se lamentó Vigo, quien empezó su lucha contra las autoridades que impulsaban las esterilizaciones y, luego de años de disputa legal, en 2003 cobró una compensación de 2.500 dólares.

Vigo fue la única que recibió una compensación. Cree que únicamente lo consiguió porque es de clase media, tiene estudios y habla español.

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