miércoles, septiembre 22, 2021
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Anulan comisión para enjuiciar a Dilma Rousseff

Brasil.- La Corte Suprema de Brasil determinó ayer que la Cámara de Diputados elija nuevamente a los miembros de la comisión que analizará si existen razones jurídicas para iniciar un juicio político contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.

Después de dos días de debates, los once magistrados de la corte aceptaron parcialmente algunas de las apelaciones que el oficialismo presentó frente al proceso contra Rousseff, que comenzó el pasado día 8 en la Cámara de Diputados con la designación de esa comisión.

Por una muy ajustada mayoría, el tribunal decidió que la elección de los miembros de la comisión parlamentaria que analizará el caso no podrá ser secreta y que los partidos políticos representados en la Cámara baja postularán a los miembros de ese grupo, que serán elegidos en forma individual y no a través de listas.

De esa manera, la corte anuló la elección de los miembros de la comisión realizada el pasado día 8, cuando se presentaron dos listas de candidatos a integrar ese grupo y se impuso la propuesta por la oposición en una votación realizada bajo secreto. Tras esta decisión de la corte, la Cámara de Diputados tendrá que decidir ahora para cuándo convocará la sesión en que se elegirán los nuevos miembros de la comisión.

La definición de esa fecha estará atada también a lo que decida el Parlamento sobre su tradicional receso de fin de año, que, según el calendario legislativo, comienza el próximo día 22 y se extiende hasta el 2 de febrero de 2016.

En los últimos días, tanto la Cámara de Diputados como el Senado barajaron la posibilidad de suspender o al menos recortar ese receso, pero aún no se han pronunciado oficialmente al respecto, por lo que el reinicio del proceso contra Rousseff pudiera quedar para el año próximo.

El Supremo intervino en el proceso a pedido del oficialismo, que pidió esclarecer algunos aspectos del trámite que debe ser seguido para el posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, que se fundamenta en maniobras contables irregulares que el Gobierno ha hecho para maquillar sus resultados desde 2014.

En caso de que el Senado se incline por enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.

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