domingo, diciembre 5, 2021
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Aprueban Ley de Amnistía en Venezuela

Caracas.- La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada este martes en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro declaró al respecto que se trata de una «ley de impunidad criminal», asegurando que «es inconstitucional en todas sus partes, pretende derogar toda la legislación y la estructura jurídica que protege a los venezolanos».

Por su parte, la diputada de la Mesa de la Unidad (MUD), Delsa Solórzano, destaca que esta Ley no puede vetarse, «es legal, constitucional y guarda perfectamente todos los parámetros establecidos dentro de la Constitución». Explicó que la misma abarca a los presos políticos, exiliados y estudiantes detenidos o con alguna medida judicial por haber participado en las protestas opositoras de 2014, afirmando que «ningún homicida, estafador y narcotraficante está envuelto dentro del texto de la Ley», en respuesta a declaraciones como la del diputado oficialista Héctor Rodríguez, quien aseveró: «No podemos aplicar una ley que defiende corruptos, que defiende terroristas, estafadores, asesinos«.

La Ley abarca, entre otras personas, a los presos políticos y estudiantes detenidos durante las protestas opositoras de 2014, período en el que hubo 43 muertos, más de 3.600 detenidos y numerosas denuncias de violación de derechos humanos por el Estado que llegaron a instancias internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas. Por su parte, también hubo un grupo de personas que formaron el Comité de Víctimas de las Guarimbas, quienes aseguraron haber sido afectados por las protestas de los opositores y cuyas demandas fueron cubiertas con frecuencia en los medios del gobierno, a diferencia de las demás denuncias. Incluso el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias afirmó que la detención del opositor Leopoldo López, acusado de ser responsable de todas estas muertes, se trató de una detención arbitraria. López fue condenado a 13 años de cárcel.

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Durante un evento en el que entregaron tarjetas de Misiones Socialistas, el presidente Maduro convocó «a un gran debate nacional, en los consejos comunales, en las UBCHE, en las comunidades, en los liceos, en las universidades, para que nuestro pueblo abra los ojos de la ley aberrante y criminal que aprobó la AN el día de ayer».

Según explicó el también diputado de la MUD, Edgar Zambrano, «la Ley de Amnistía y reconciliación nacional es un instrumento jurídico y a la vez político que se creó para resolver y componer el proceso político venezolano. Es una ley para el perdón, para el reencuentro nacional». El diputado afirma que «ningún asesino es beneficiario de la Ley de Amnistía y no hay intención de favorecer a quienes han violentado la ley”.

Zambrano recordó que algunos diputados del oficialismo, gobernadores, ministros y hasta el mismo expresidente Chávez, fueron beneficiados producto «de una ley de perdón, del reconocimiento, de una ley que evaluó en su determinado momento que esa era una decisión correcta para aplicar».

A su vez, el dirigente del partido político Voluntad Popular, Salvatore Lucchese, afirma que, aunque el Gobierno dice «que esta ley lo que busca es crear impunidad, culpando sin pruebas ni basamentos a líderes opositores y a estudiantes de delitos que nunca cometieron (…) es todo lo contrario, se estaría perdonando a las personas por ejercer sus derechos constitucionales consagrados en nuestra Carta Magna y en las leyes internacionales que regulan los derechos civiles».

Por su parte, el diputado oficialista Edwin Rojas considera que esta Ley «desmonta» el sistema judicial venezolano, por lo que considera que el TSJ debe revisar la constitucionalidad de la misma. «No queda otra que la aplicación de la Constitución Nacional, que establece que la promulgación de las leyes está a cargo del presidente de la República y el presidente tiene el derecho de devolver ese proyecto a la Asamblea para que sea levantada su sanción», dijo Rojas. Oficialistas aseguran que esta Ley se asemeja a la promulgada en España en 1977 para perdonar delitos con intencionalidad política cometidos durante la dictadura de Francisco Franco entre 1936 y 1977.

Rodríguez agregó que considera que la oposición no ha realizado proyectos de leyes en la Asamblea Nacional que ayuden a mejorar la situación económica del país. «No hemos visto un solo acto de esta Asamblea que contribuya a eliminar las colas, el desabastecimiento, la inflación«, dijo. Sin embargo, el decreto de emergencia económica promulgado en enero y aprobado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desconociendo la competencia de la Asamblea Nacional (AN), tampoco ha mejorado la crisis económica por la que pasa Venezuela.

No solo incluye a presos políticos, también a periodistas y dueños de medios

La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional podría beneficiar también a periodistas y dueños de medios procesados por razones políticas, según la diputada vicepresidenta Olivia Lozano, quien explica que la Ley considera «todas las acciones penales que han criminalizado la libertad de expresión por pensamientos de crítica política. Decenas de periodistas y fotógrafos están procesados y actualmente se encuentran bajo régimen de presentación que los limita en sus labores profesionales en la cobertura de la noticia».

[pullquote]Según la diputada Olivia Lozano, en Venezuela «los medios de comunicación han sido hostigados a través de un sistema judicial usado como herramienta de censura del Gobierno para que no salga a la luz su pésima gestión gubernamental».[/pullquote]

Lo que establece la Ley

En la introducción del Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional se establece:

[pullquote]»La sociedad venezolana ha vivido momentos de gran confrontación en los últimos lustros, caracterizada por una dinámica polarizante. Sin que las diferencias entre pareceres o incluso entre intereses legítimos si bien parciales, dejen de existir (…) convivir es un imperativo de la vida venezolana, en las perspectivas del funcionamiento institucional, el desarrollo social y la prosperidad económica«.[/pullquote]

A su vez,  hacen referencia a declaraciones del Papa Francisco: «No hay que tener miedo a la paz, a la convivencia, al diálogo», quien también ha realizado llamados directamente tanto a líderes del gobierno venezolano como de la oposición. La finalidad de la amnistía es «cerrar heridas políticas o sociales que dificultan la convivencia y de crear condiciones propicias para la participación de todos los sectores en los asuntos públicos«.

Aprueban Ley de Amnistía en Venezuela

Se establece que «la amnistía es un instrumento absolutamente lícito desde el punto de vista constitucional que permite poner fin a la persecución y al castigo penal respecto de determinados delitos«, el documento aclara también que «la amnistía no debe conducir a la impunidad en relación con crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o delitos referidos a violaciones graves a los derechos humanos cometidas por autoridades o funcionarios«, según señalan tratados y la jurisprudencia internacional «y de ello se hizo eco cabalmente la Constitución vigente en su artículo 29. Dentro de estos linderos la amnistía es un mecanismo legítimo y en ocasiones necesario para la promoción, preservación o la recuperación de la paz«.

Incluso hacen referencia a momentos de la historia venezolana en la que se concedieron amnistías, entre ellas el Decreto Ley Especial de Amnistía dictado por el Presidente Hugo Chávez en diciembre de 2007, el cual «declaró la amnistía respecto de hechos delictivos ocurridos a raíz de los acontecimientos del 11 y 12 de abril de 2002, así como en relación con acciones ilícitas posteriores, enmarcadas en el paro petrolero».

Aprueban Ley de Amnistía en Venezuela

[pullquote]La Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional comprende determinados hechos punibles cometidos desde el primero de enero de 1999 hasta la entrada en vigor de la Ley.[/pullquote]

La Ley contiene 45 artículos, en los cuales se hace referencia a hechos punibles que se dividen, de manera resumida, en siete grupos:

  1. Por delitos «cometidos o que pudieran haberse cometido como parte de actuaciones que respondieran a una motivación política, en el marco de manifestaciones o protestas; de la difusión de opiniones o informaciones; o de la realización o promoción de acciones, proclamas o pronunciamientos públicos«.
  2. «Los delitos de difamación, injuria y de vilipendio u ofensas contra funcionarios públicos«.
  3. Por acontecimientos asociados al 11 de abril del 2002 y el paro petrolero.
  4. «En relación con otros hechos vinculados a protestas, expresiones o pronunciamientos con fines políticos«.
  5. Por delitos asociados a corrupción «cuando la investigación o enjuiciamiento penal hayan quebrantado la confiabilidad en la administración imparcial de la justicia».
  6. En relación a protestas y manifestaciones, cuando «la persecución penal ha implicado violación de garantías judiciales o de otros derechos humanos».
  7. «El delito de fuga y de quebrantamiento de condena, en relación con las personas procesadas o condenadas por la comisión de cualquiera de los hechos punibles comprendidos por la amnistía».

A su vez, se agregan los siguientes casos:

  1. «La utilización indebida en varios casos de las facultades sancionatorias contra jueces, fiscales del Ministerio Público u otros funcionarios públicos, en el ámbito disciplinario».
  2. «El uso político que se ha hecho de la facultad del Contralor General la República de imponer inhabilitaciones».

Finalmente, la Ley incluye «medidas complementarias a la amnistía que pueden contribuir a la reconciliación nacional, las cuales presuponen la participación de todos los sectores del país en la construcción de la paz«, en especial organizaciones de víctimas de la violencia que promueven y defienden los derechos humanos.

Aprueban Ley de Amnistía en Venezuela

Luego de ser aprobada en la AN, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional pasará a ser remitida al presidente Nicolás Maduro, quien tiene hasta diez días para pronunciarse sobre el texto. Luego de este plazo de tiempo, puede ser  ser enviada al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se explica en la Constitución venezolana en su artículo 214:

«El Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los diez días siguientes a aquél en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, con acuerdo del Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o a parte de ella«.

Asimismo, el mismo artículo establece:

«Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma».

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