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Argentina: Defienden la ley de medios ante la CIDH

Ayer, viernes 8 de abril, organizaciones e instituciones, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con Horacio Verbitsky a la cabeza y la Coalición por una Comunicación Democrática, se reunieron en Washington D.C. en el marco de una audiencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

El encuentro estuvo signado por el lema: «Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina», con el fin de defender la libertad de expresión en la República Argentina tras la aprobación del DNU 267 impulsado por el macrismo para modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522.

Según manifestaron los expositores, entre ellos especialistas en la materia y representantes de universidades, el nuevo DNU confirma un retroceso en materia de derecho a la comunicación. Pues la nueva sanción borra de un plumazo 30 años de lucha por la obtención de una ley democrática que reemplace a la ley de la dictadura. La LSCA impulsada en el 2009, fue pensada con ese propósito. Su texto fue elaborado bajo la participación plural de diversos sectores de la sociedad civil.

En primer lugar, entre los aspectos sustanciales que modifica el nuevo DNU, se reemplaza a la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación audiovisual), autoridad de aplicación de la ley del 2009 bajo control multisectorial, por un control absolutamente dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, el nuevo DNU implica que la organización del espectro radioeléctrico, el cual es un recurso público, estará sujeto a la decisión del gobierno de turno.

Esta modificación no es para nada menor, ya que la LSCA tenía como innovación la democratización de las decisiones a la hora de aplicar la regulación de medios. De esta manera buscaba evitar la centralización, concentración y monopolización de la palabra, garantizando el acceso de múltiples sectores de la sociedad civil, históricamente relegados, en virtud del derecho a la comunicación desde una perspectiva más democrática.

Por otra parte, el establecimiento del nuevo ente de aplicación, llamado ENACOM, fortalece la concentración empresarial. Ya que, al excluir la participación federal y multisectorial, se le concede a los medios comerciales dominantes y al Estado la oportunidad de hacerse con mayores espacios dentro de la posibilidad de licitaciones que permite el espectro.

Esto implica que el nuevo DNU no solo aumenta la concentración, sino que excluye el aspecto más sustancial e inédito en la historia, postulado por la ley audiovisual del 2009, que permitía la reserva del 33% del espacio radioeléctrico a medios comunitarios y cooperativas sin fines de lucro, también llamados medios alternativos.

En síntesis, el nuevo DNU implica la organización de un recurso público excluyendo a la sociedad civil de su participación y perpetuando la concentración de conglomerados privados, en evidente contradicción con la implicancia del derecho a la comunicación.

En este punto, Martín Becerra (investigador, docente y especialista en medios de comunicación) expuso en la audiencia que: “la Argentina exhibe altos niveles de concentración. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En la televisión de pago, que es la forma en la que el 83% de los hogares acceden a la TV, casi el 70% de los abonos están controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y, por lo tanto, potencian la concentración.”

Por su parte, la anterior autoridad de aplicación (AFSCA) estaba conformada por un directorio insoslayablemente diverso, integrado por 7 miembros. Entre ellos, dos eran designados por el Poder Ejecutivo, tres por el congreso y dos por el consejo federal y multisectorial, entre ellos un académico.

El nuevo ENACOM excluye por completo la representación universitaria y de los sectores por fuera del marco gubernamental. Esto significa, para los expositores defensores de la LSCA, una completa regresión, que establece la abolición de un marco normativo que contemplaba medios universitarios, comunitarios, alternativos y organizaciones sin fines de lucro, por primera vez en la historia de la comunicación masiva de nuestro país.

El aspecto esencial de la LSCA es que aquel sector relegado del derecho a la comunicación, que desde 1983 reclamaba un espacio dentro del espectro siempre cooptado por los medios comerciales y estatales, por fin se legitimaba legalmente como portavoces de una realidad distinta.

Estos fueron los fundamentos más significativos entre los que manifestaron su compromiso por la libertad de expresión, ampliamente vulnerada por el actual gobierno. Ya que, como podemos observar, es inaceptable que el nuevo órgano de aplicación tenga control absoluto del Poder Ejecutivo, cuando la ley antecesora proponía un directorio plural y diverso.

A su vez, esta sanción expone un despropósito que coloca en el oscurantismo décadas de lucha por la libertad contra los monopolios y el Estado, ya que la LSCA no sólo permitía, sino que fomentaba la participación legal de medios sin fines de lucro.

Cabe aclarar que los eslabones más sustanciales e inéditos de la ley 26522 fueron escasamente aplicados durante su efímera existencia. Sin embargo, en este caso no se encuentra en boga su aplicación, sino que se defiende esa ley desde lo que implica su letra, ya que constituye una ley ejemplar a nivel mundial.

Horacio Verbitsky expuso en la audiencia que “la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva, donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada.”

Hay que tener en cuenta que, desde el 2009 hasta la fecha, las discusiones acerca de los medios de información se encuentran instaladas en forma permanente en el debate público. Este fenómeno modificó los modos de relacionarse con los medios masivos por parte del conjunto social como nunca en la historia.

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