domingo, diciembre 5, 2021
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Argentina: proyecto de blanqueo de capitales penaliza a quienes divulguen información

Argentina- El artículo 85 del proyecto de ley implica la prisión y multas a “terceros” que difundan y reproduzcan información sobre participantes del blanqueo.

El proyecto de ley enviado por Mauricio Macri a Diputados hace unas semanas, el cual habilitaría un plan de blanqueo de capitales, atado como recurso al plan de resarcimiento a jubilados que iniciaron juicios, estipula en su artículo 85 la penalización con prisión y/o multas a aquellos que divulguen información sobre los participantes de la regularización de activos no declarados en el exterior.

[pullquote]Es un artículo muy preocupante por una doble causa: por una parte penaliza y convierte en un crimen penal la divulgación de información, algo que pensábamos que en la Argentina que ya estaba desterrado- Martín Becerra[/pullquote]

Así lo explica Martín Becerra, investigador, profesor y doctor en Ciencias de la información, quien analizó que el texto “repone el estilo de las leyes mordaza”, las cuales han sido criticadas “incluso por funcionarios del actual elenco gubernamental”.

Para el licenciado, el proyecto es preocupante desde la perspectiva de la libertad de expresión, y puntualmente “de la garantía constitucional de la libertad de prensa”.

La última parte del artículo 85 del mega-proyecto señala:

“Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado.”

El artículo señala claramente no sólo a funcionarios cuyo deber es resguardar- mientras no hallen delito- la información del blanqueo, sino además a “terceros”, caracterizados también como sujetos que pudieran divulgar contenidos posibles de ser de interés  público.

Becerra, además, alertó por la multa que se aplicaría a los divulgadores de datos sobre los blanqueadores. «La multa inhibe a dar información», dijo el investigador del Conicet. «La multa es mayor cuanto más gordo sea el pez sobre el que querés dar información», señaló.

Pese a esto, desde miembros del oficialismo parece haber sorpresa, pero no preocupación. El diputado nacional de Cambiemos, Pablo Tonelli, en diálogo con radio Belgrano, se mostró sorprendido por el apartado. “No lo sabía, no le he visto eso en la ley, tengo que verlo bien”, afirmó el diputado.

[pullquote]«Hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos, ni por los periodistas«Pablo Tonelli, diputado Cambiemos[/pullquote]

“En principio, la revelación de secreto alcanza a todo el mundo, en la medida que se conozca algo que no puede ser revelado, sea un magistrado o tercero”, desarrolló Tonelli. El funcionario así justificó que «hay ciertas informaciones que no deberían revelarse ni por los funcionarios públicos, ni por los periodistas».

El legislador oficialista indicó que la “discreción”– si podemos llamarla generosamente así- informativa en este tema es “para todo el mundo”, pero reconoció que el artículo será analizado.

Como veíamos más arriba, el artículo del proyecto establece una relación con el artículo 157 del Código Penal. Haciendo de las penas de prisión escritas en este último, aplicables a personas que incurran en las acciones de divulgación y reproducción de información. Como decíamos, estas personas son además de funcionarios, “terceros”. Por descarte, son no-funcionarios.

Art. 157: Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

Es aquí donde aparece una contradicción señalada por Becerra: «Para empeorar ese artículo 157 del CP, que se cita en el 85, solo alcanza a funcionarios públicos, no a periodistas. Tal como está redactado el proyecto no solamente los periodistas, sujetos o terceros que divulguen o reproduzcan información del blanqueo son pasibles de ser acusados por el Código Penal y multa económica, sino que además dice que todos los que estén involucrados en la divulgación por cualquier modo, o sea, alcanza a Google y Facebook», advirtió.

Becerra así aboga por que el proyecto que será tratado mañana en comisión sea modificado, entendiéndolo como un retroceso en la legislación sobre derechos civiles y accesibilidad informativa. Se espera de esta manera que el tema sea discutido en Diputados.

La intención del oficialismo es firmar el dictamen de la iniciativa al cierre de la reunión de comisiones, aunque la oposición ya reclamó más tiempo para discutir un proyecto con tantas aristas y complejidades.

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