Argentina: ¿Qué viene pasando en Cushamen?

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Argentina – Activistas de la comunidad Mapuche de Argentina se encontraron esta semana en el extremo receptor de varios operativos de seguridad y aparentes graves actos de represión en el departamento de Cushamen, en el noroeste de la provincia de Chubut. Balas de goma, detenidos y repudio de organismos internacionales.

Primeramente, Gendarmería Nacional montó el martes un operativo de liberación de las vías del ferrocarril La Trochita. Con una participación de al menos 200 gendarmes, la fuerza de seguridad cortó por la mañana temprano la ruta nacional 40 a la altura del puesto policial Leleque, unos 90 kilómetros al norte de Esquel y 40 al sur de El Maitén, entre otros accesos; dejando así inaccesible la Estancia Leleque, de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA, perteneciente al grupo Benetton. La estancia es ocupada desde Marzo de 2015 por el Pu Lof  en resistencia de Cushamen, quienes  la consideran tierra ancestral. Dentro de las tierras en conflicto circula el Viejo Expreso Patagónico La Trochita, y ante la obstaculización de las vías por medio de barricadas, el juez federal Guido Otranto ordenó el operativo. Producto de este operativo fueron detenidos por resistir el procedimiento y agredir a los efectivos Nicolás Daniel Hernandez Huana, Ariel Marioto Garci y Ricardo Antihual.

 Por su parte, los miembros del Lof (clan) en resistencia de Cushamen denunciaron una violencia desmedida respecto al alegado objetivo del operativo. Los activistas denunciaron una acción prepotente, con disparos y golpes propiciados por Gendarmería hacia hombres y mujeres.

“Entraron a los tiros, golpearon a los hombres, esposaron a las mujeres, rompieron todo. Eran alrededor de 200 gendarmes y dos drones para reprimir a una comunidad de diez adultos y cinco chicos. Nos tratan de indios terroristas que queremos sembrar el pánico y ahora el pánico lo instalan ellos”, expresó Soraya Maicoño, referente de la comunidad Mapuche.

Posteriormente, se calcula que alrededor del mediodía se llevó a cabo otro operativo de allanamiento en las inmediaciones de la estancia con el fin de recuperar animales presuntamente robados por los Mapuches. Este procedimiento fue conducido, en cambio, por la policía provincial por orden del juez Oscar José Colabelli, a partir de una denuncia por robo de animales impulsada por Benetton. Desde la comunidad Mapuche informaron que, durante este procedimiento, efectivos de la policía montada habrían entrado al Lof. (ANred – 10/1)

Por su parte, el juez federal Otranto comunicó que la finalidad de su operativo inicial no era desalojar de la estancia a los activistas, sino simplemente liberar el paso del tren turístico y aprehender a las personas que se encuentren en conflicto con el Art. 194 del Código Penal (prohibición de cortes de tránsito).

Desde el gobierno de Chubut cruzaron acusaciones fuertes. El gobernador, Mario Das Neves, declaró que los Mapuches arrojaron piedras a un helicóptero policial y aseguró que cuando la policía provincial se retiraba del lugar “le dispararon, con armas de fuego, no con gomeras, y las piedras son cada vez más grandes”. Según publicaron algunos medios (El País), Das Neves además dijo que el juez federal Otranto se había retractado y fue él quien ordenó la concreción del operativo. Por su parte, el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, consideró que el Pu Lof en resistencia “son delincuentes” (Página 12 – 12/1). Asimismo, Durán le disminuyó el apoyo que recibe el Lof por parte de otras comunidades, por lo que Maicoño contestó que se trata de una estrategia de difamación. “La mayoría de las comunidades apoyan al MAP (Movimiento Autónomo del Puelmapu)  y sus luchas”, expresó la referente.

La tercera y última acción de las fuerzas de seguridad –hasta donde pudo recolectar esta redacción- se produjo el miércoles por la noche, al menos entre las 21 y 23 horas por lo comunicado a través de redes sociales. Efectivos de la policía provincial se presentaron ante el Lof en el departamento de Cushamen y, aparentemente sin ningún tipo de orden judicial, abrieron fuego contra los activistas. “La Policía llegó al cruce de Maitén, se bajaron, empezaron a disparar a quemarropa y se fueron dejando varios heridos.”, afirmaron desde Chubut. Cosecha Roja informó que usaron balas de plomo, mientras que Página 12 comunicó el uso de proyectiles de goma. Lo concreto es que, producto de esta represión, dos integrantes de la comunidad fueron internados en grave estado: Emilio Jones recibió un impacto que le destruyó la mandíbula, y Fausto Jones Huala sufrió un politraumatismo de cráneo producto de  varios disparos en la cabeza, lo que además le habría afectado el habla según testigos.

“Supuestamente tenían que liberar las barricadas pero hicieron destrozos (refiriéndose al operativo de gendarmería), golpearon a las mujeres, maltrataron a los chicos y rompieron todo. La represión de ayer a la noche por parte de la Infantería, en cambio, fue completamente ilegal, no tenían ninguna orden. Entraron a entrando a matar, nos quieren amedrentar. Estamos dispuestos a defender la tierra”, declaró Maicoño.

Por medio de los operativos del martes fueron detenidos en total 10 miembros de la comunidad Mapuche en resistencia de Cushamen (3 durante el operativo de gendarmería y 7 durante el de la policía provincial). Los 7 detenidos en la comisaría 1º de Esquel fueron liberados ayer jueves por la tarde. A los otros tres imputados se les fue rechazada por parte del juez federal Otranto la petición de excarcelación.

Por parte de organismos de derechos humanos, Amnistía Internacional repudió los operativos del martes. “La orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

De esta cadena de hechos, y con las mesas de diálogo suspendidas, se desprende la falta de mediación entre dos partes, una de las cuales debería asumir su responsabilidad  -al ser monopolizador de la violencia- como garante de un direccionamiento maduro y pacífico del conflicto: el Estado. Un direccionamiento hacia una solución que dignifique a una minoría étnica y cultural que desde hace más de un siglo ha sido perseguida, desterrada, estigmatizada y finalmente postergada.




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