Opinión

Aún en discusión: la democracia de todos no se decide sobre quién puede llamar a huelga

Inútil es, a veces, dar las cosas por sentado. Suponer que aquello que nos parece indiscutible no lo sea. Somos, todos, producto de un sistema de pensamiento que nos hace parecer obvias ciertas tendencias que han marcado el total de nuestra existencia. La igualdad universal, firme y presente en toda nuestra estructura sensorial (y extrasensorial) nos dice que esta igualdad es jurídica e individual. Es decir, que todos los hombres seamos iguales no quiere decir que tengamos los mismos ojos, que todos tengamos las mismas habilidades físico-motrices. La igualdad es un concepto teórico, abstracto, que indica que todos los hombres somos iguales, como individuos ante la ley.

Esta afirmación, raramente explicitada, nos permite entender el sentido que le damos a nuestro sistema de gobierno: una persona, un voto. Nos resulta raro pensarlo, porque lo damos por hecho, no nos ponemos a pensar que en algún momento de la historia existió algún otro modo de concebir la sociedad, distinta a la que se expresa a partir de la suma de voluntades, como si se dispusiera de unidades de voluntad sumables cual si fuere una operación aritmética. El valor del sujeto como persona igual al resto de los ciudadanos pareciera estar fuera de discusión, nadie pondría en tela de juicio su potestad intrínseca.

Sin embargo, hace casi un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizó una audiencia pública para debatir si un gremio con personería jurídica, uno sin personería, o un grupo de trabajadores autónomos puede organizar una huelga, y aún no se ha llegado a un acuerdo. El caso remite al 2009, cuando el Correo Argentino decidió despedir a 46 trabajadores por realizar un paro que fue en contra de cómo el sindicato venía llevando la negociación paritaria, la justicia obligó la reincorporación de los mismos, pero la empresa presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para rever el despido de Fransisco Orellano, aduciendo que utilizaba el horario de trabajo para armar asambleas y planear las medidas de fuerzas por fuera del sindicato. Por lo tanto, como la audiencia en realidad trata de un caso en particular, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, expresó que podría resolverse una acción sin tocar el tema de la titularidad del derecho a huelga.

El asunto se vuelve complejo. Si la reunión asamblearia por fuera del sindicato puede ser motivo de despido, estaría en discusión la libertad de reunión y asociación con fines útiles, garantizada en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. La defensa de Orellano se ampara en que, en el artículo 14bis, el derecho a huelga está garantizado para los gremios, no destaca que ha de ser potestad única de los sindicatos. Así las cosas, la CSJN aún no se ha proclamado, pero lleva veintidós días analizando, básicamente, si los trabajadores tienen derecho a huelga o si, en realidad, solo las corporaciones habilitadas por el Estado lo tienen.

Está claro que, sea cual sea el fallo, será determinante para el debate posterior. Se sabe que no han tardado nunca más de dos meses en habilitar una respuesta, pero es difícil no cuestionar la tardanza. Si todos los hombres poseemos igualdad de cualidades, posibilidades y derechos; entonces, qué nos priva de la capacidad de protestar de manera organizada. Ante la presión arbitraria que ejercen los sindicatos, tantas veces aliados con el poder de turno ¿cómo no combatir el poderío empresarial a partir de la unión de base?

En la audiencia del 10 de septiembre pasado, presidida por Ricardo Lorenzetti junto a Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, sólo uno de los siete “amigos del Tribunal” invitados a disertar dispuso argumentos en contra de la libertad de asociación: fue Daniel Funes de Rioja (vicepresidente de la Unión Industrial Argentina). El resto (miembros de ATE, CTA, asociaciones de abogados laboristas y de abogados de Buenos Aires y el presidente del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata) promovieron posturas irrestrictivas sobre la titularidad del derecho a huelga.

Cuesta creer que en pleno fomento de todo tipo de atribuciones democráticas a la sociedad, donde cada acto y cada consigna dictada tanto por los detentores de los cargos públicos -así como de aquellos que intentan disputarles los cargos- está repleta de vinculaciones conceptuales que hacen a la democracia el baluarte de todas las cosas, se preste a debate la titularidad del derecho a huelga. El solo hecho de cuestionarlo indica lo precario y trivial de los fundamentos que suelen expresarse en su nombre. Asimismo, la asimetría en cuanto al número de disertantes a favor y en contra de la titularidad autónoma de un grupo de trabajadores para realizar acciones directas (en el caso referido de Orellano contra el Correo Argentino) nos deja un poco más tranquilos al respecto. Será cuestión de esperar el fallo de la Corte, y ver cómo reverbera posteriormente.

De fallarse a favor de Orellano, se estaría dando un primer paso en favor de los trabajadores, más allá del sindicato, vinculado más de una vez con todo tipo de negocios turbios. Claro que, abriría también la puerta a otro debate, el de la sindicalización de la policía. Con la titularidad puesta en manos de los trabajadores, el sindicato de la Policía Federal, que aún no cuenta con personalidad jurídica, podría retomar el debate sobre su capacidad y posibilidad de acción. Está claro que se establecerán debates importantes para los trabajadores, ¿se propondrán posturas autónomas a los sindicatos tradicionales? Con tanto trabajo terciarizado y precarizado que se ha establecido en nuestro país en los últimos años, el contexto no podría ser mejor para marcar postura e iniciar un proceso de organización y lucha.

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Nicolás Rubens

Editor en Segundo Enfoque.

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