La inclusión laboral es una práctica que se limita a pocas empresas dentro de Uruguay, por lo que el Parlamento estudia un proyecto de ley para aumentar números.

Las personas con algún tipo de discapacidad pueden desempeñar cargos como telefonistas, operadores de call center, vigilantes de centros comerciales, entre otros, pero el sector privado presenta bajo porcentaje en cuanto a este tipo de inclusión.

La Comisión de Legislación de Trabajo en la Cámara de Diputados se encuentra estudiando un proyecto de ley que obligue a las empresas privadas y personas públicas no estatales, con más de 25 trabajadores, a emplear un mínimo de 4% de personas con alguna discapacidad.

Hasta el momento sólo el estado se ve obligado desde el año 2010 a emplear por lo menos el 4%. Sin embargo, esta cifra no se ha cubierto en su totalidad hasta la actualidad, por lo que sugieren tomar medidas más severas en cuanto a este punto.

En la empresa Securitas se viene implementando un programa denominado “Vigilancia Inclusiva”, que ha contratado a un número significativo de personas. Además aseguran incluir doce personas más antes de que finalice el año.

Quienes actualmente desempeñan cargos dentro de la empresa de seguridad ubicada en Montevideo comprenden una edad promedio de 33 años y se desarrollan en cargos como telefonista o guardia de seguridad.

Directivos de Securitas aseguran que la inclusión no es tarea fácil, ya que deben estar muy bien preparados y deben tener condiciones óptimas de trabajo, además de sólo desempeñar cargos que no pongan en riesgo su estado de salud dependiendo de la discapacidad que presenten.

Por su parte la cadena de supermercados Ta-Ta ha incluido a lo largo de 15 años a  jóvenes con síndrome de Down como parte de esta iniciativa, mediante el equipo de Desarrollo Organizacional; actualmente participan 22 jóvenes con este síndrome que se encuentran totalmente activos en sus funciones laborales y llevan a cabo tareas como marcaje de precios, reposición de mercancía, atención al cliente, entre otras.

El Parlamento hace un llamado a establecer vínculos con la Secretaría de Discapacidad de la Intendencia de Montevideo junto al Observatorio Nacional de Personas con Discapacidad, para lograr aumentar las cifras de personas con discapacidad incluidas en mayor número de empresas.