En América Latina se están generando aumentos de tarifas por aquí, ajustes por allá, incremento de impuestos y una serie de medidas que hacen que la vida sea cada vez más costosa.

En los últimos meses e inclusive semanas, gobiernos y empresarios de algunos de los países de Latinoamérica han anunciado una serie de incrementos que en algunos casos han enfrentado serias protestas y desafíos judiciales. Es que, en algunos países de la región, los consumidores lo han sentido más, y más abruptamente, a veces de un día para otro, en forma de los denominados “tarifazos”.

La justificación: la necesidad de poner al día los precios para compensar los efectos de la inflación. Respuesta que más allá de calmar los ánimos resulta muy controversial.

Pero bien sea que los ajustes sean altos o bajos, definitivamente han impactado en los bolsillos de los consumidores y amenazan con afectar su estándar de vida, como explican los analistas económicos.

Los principales casos de tarifazos han sido:

Argentina, un país de América Latina que se convirtió en un sinónimo de “tarifazos”. Desde que Mauricio Macri llegó a la presidencia en diciembre del año pasado, los argentinos viven preocupados por las altas cuentas que han tenido que afrontar, la mayoría de un día para otro.

Siguiendo con el argumento de que se debía “actualizar” las tarifas de los servicios públicos para que Argentina captara más inversiones extranjeras, Macri ordenó una serie de fuertes incrementos. Agua: más del 370%. Transporte: 100%. Gas: hasta 300%.

El último de los “tarifazos” fue un aumento de más del 60% en el metro de Buenos Aires, que debía entrar en vigencia a fines de julio, pero fue frenado por una jueza.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – Cepal – afirmó: “En Argentina, este año ha estado marcado por el alza en las tarifas de los servicios públicos, debido a la eliminación de los subsidios, la aceleración de la inflación y la liberación del tipo de cambio”. También advirtió sobre el efecto que han tenido esas medidas en la población: “También hay una caída de los salarios reales, con un impacto negativo en el consumo y la actividad económica”.

Al gobierno de Macri le espera este jueves una nueva protesta en todo el país -con cacerolazos incluidos- organizada por grupos de consumidores indignados por la dimensión y la velocidad de los aumentos de tarifas que, según dicen, han generado un verdadero “shock” en la economía.

Por su parte, el mes de agosto sorprendió a México con dos incrementos de precios, el de la electricidad y el de la gasolina. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó por primera vez un aumento simultáneo de los tres tipos de combustibles. La gasolina Magna -la de mayor demanda- pasó a costar 13,96 pesos (US$ 0,73) por litro, la Premium 14,81 pesos (US$0,78) y el diésel 13,98 pesos (US$0,74).

La SHCP explicó el aumento por el repunte de los precios internacionales de los combustibles e informó que, respecto de agosto del año pasado, representa un incremento del 3% en el caso de los combustibles Magna y Premium y del 1,5% en el diésel.

Aunque parecen cifras pequeñas, los analistas señalan que estos aumentos impactarán en el índice de inflación e, inevitablemente, en el consumo de los mexicanos. Además, se esperan incrementos en el transporte y en algunos productos.

En Colombia, luego de dos años sin aumentos en el servicio de taxis en la capital, las autoridades anunciaron un incremento que regirá a partir de septiembre. En Bogotá existen 52.000 taxis registrados y el próximo mes podrán realizar un incremento del 5% en la unidad (de 78 a 82 pesos) y en la carrera mínima (de 3.900 a 4.100 pesos). Igualmente, el taxímetro cambiará de unidad cada 24 segundos; antes lo hacía cada 30.

Pero eso no es todo: los conductores podrán obtener un aumento adicional si contribuyen a reducir los índices de accidentes. Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, explicó que harán una evaluación de los taxis cada tres meses y que si registran menos siniestros serán “premiados” con el incremento extra.

Ecuador, desde el mes de junio, enfrenta a un incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12% al 14%. Éste no es un dato menor, ya que los precios de casi el 50% de los productos que consume un hogar ecuatoriano común se ven afectados por este impuesto.

El IVA es un impuesto que los economistas consideran regresivo, ya que no distingue entre niveles de ingresos, sino que lo pagan todos por igual.

Un crítico de la medida del presidente Rafael Correa, el exviceministro de Finanzas Pablo Dávalos, indicó que el aumento “puede generar consecuencias negativas en la economía, tales como mayor inflación y desempleo y menos consumo”.

Costa Rica y El Salvador también están viendo aumentos en los precios de la electricidad.

En Costa Rica el gobierno justificó este incremento aseverando que en los meses recientes se necesitó más energía producida con combustibles para cubrir la demanda de corriente eléctrica.

Pero esta medida afecta a millones de hogares que esperan con ansias la llegada de septiembre, porque el alza supuestamente estará vigente hasta ese mes.

Los que en este momento sí respiran con alivio son los salvadoreños.

El presidente Salvador Sánchez Cerén había aprobado en mayo un aumento del 13% en la tarifa eléctrica, argumentando que los fondos recaudados se usarían con “fines sociales”. Pero los críticos y la oposición lo acusaron de tratar de aplicar un “impuesto encubierto” y la Justicia ha bloqueado esta medida hasta los momentos.