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Burócratas de México temen a la austeridad de López Obrador

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Luego de que López Obrador asumiera la presidencia el pasado 1° de diciembre, muchos de los burócratas de México temen perder los privilegios como servidores públicos, puesto que ello podría hundir en la precariedad a algunos funcionarios y sus familias.

Un discurso impulsado por una lucha contra la corrupción y la opulencia de ciertos funcionarios llevó a Andrés Manuel López Obrador a obtener un triunfo abrumador. Pero el resultado de dicha victoria podría traducirse en austeridad.

De hecho, entre las primeras acciones como primer mandatario de México, López Obrador promulgó una ley particular que establece que nadie deberá ganar más de los 5.327 dólares mensuales que percibirá él como presidente de la nación.

Por ello, cerca de 6.500 funcionarios públicos de México decidieron acudir a los tribunales para defender lo que consideran como sus derechos.

“Es inconstitucional y violatorio de los derechos humanos el que le bajes el salario a los servidores públicos y que les recortes en suma sus remuneraciones”, aseguró Rodolfo Martínez, abogado del despacho Trusan & Roma que patrocina a los demandantes.

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Estrategia de austeridad

La nueva estrategia legal se ampara en el presupuesto 2019, ley que ejecuta aplicar los recortes del gobierno y que el Congreso debe aprobar antes de fin de año.

Pero la realidad de muchos burócratas de México es distinta a la estrategia de austeridad. Según López Obrador, muchos funcionarios perciben un sueldo mensual de 600.000 pesos (unos 29.500 dólares al mes).

Un servidor público, de 43 años, quien tiene 15 años  de funciones y pidió identificarse como “X” por lo sensible de su situación, lleva la vida de clase media que su salario de 2.120 dólares mensuales le permite en Ciudad de México.

Dicha suma no paga lujos. Debe solventar vivienda, transporte y comida en la saturada metrópoli, además de la educación y cuidados de sus hijos. La carga se alivia gracias a los seguros de vida y gastos médicos que le provee la Secretaría de la Función Pública (SFP) donde trabaja, además del seguro de despido que paga a medias con su empleador y que espera le sirva para su retiro.

En un país con 53 millones de pobres y grandes desigualdades, este empleado público puede parecer privilegiado, pero está lejos de serlo.

“Creen que ahora todos somos ‘fifís’, que somos ricos o que ganamos 600.000 pesos”, dice, usando el término con que López Obrador tacha a sus opositores de supuestos privilegios. “Ese es un mito, un discurso político”, agregó el trabajador disgustado.



Profesora de Castellano, Literatura y Latín. Magíster en Literatura Latinoamericana, egresada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador - Instituto Pedagógico de Caracas.


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