China reclamó indemnización millonaria a México por cancelación de tren

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La administración del presidente Enrique Peña Nieto se verá obligada a cancelar 600 millones de dólares, en vista de que “no actuaron de forma transparente, ni garantizaron el debido proceso legal”, en torno al caso del tren de alta velocidad.

El Gobierno chino exigió a la gestión de Peña Nieto el pago de $600 millones, que equivalen a más de 11.000 millones de pesos, luego de eliminar el proyecto de construcción de un tren de alta velocidad.

En diciembre del 2012, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, asumió asimismo el compromiso de la construcción de dicho medio de transporte.

Empresas asociadas para construir el tren de alta velocidad

Este tren partiría de la Ciudad de México con dirección al estado de Querétaro. Esta obra fue ganada durante una licitación por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International y CSR Corporation Limited.

Además, el consorcio asiático se asociaría con cuatro compañías mexicanas, que son la Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.

La última de estas resultó ser propiedad del empresario mexicano Juan Armando Hinojosa Cantú, quien fue también el dueño de la controversial “Casa Blanca” del actual presidente. Así lo determinó una investigación publicada por Aristegui Noticias.

Según un documento obtenido por dicho medio de comunicación, el Gobierno del país asiático pidió revocar la firma del contrato, además de la segunda licitación, que se llevó a cabo en el año 2015.

Esto sucedió después de que dos de las compañías que ganaron la licitación, con sede en China, anunciaron su decisión de comenzar un arbitraje de inversión contra el ejecutivo mexicano.

Estas industrias asiáticas consideran que la actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México constituyó “una expropiación a sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación”.

A raíz de esto, el escrito culmina reiterando que el reclamo por la indemnización asciende a 600 millones de dólares. Sus argumentos son que las autoridades de la nación latinoamericana “no procedieron transparentemente ni de buena fe”.