Los congresistas estadounidenses pidieron a Donald Trump sanciones para grupo de centroamericanos, acusados de violaciones a los derechos humanos. Al respecto, la propuesta fue de los legisladores Eliot Engel (demócrata) e Ileana Ros-Lehtinen (republicana).
Ambos plantearon al presidente que incluya a un grupo de centroamericanos en la lista Magnitsky, con el objetivo de que sean sancionados por violaciones a los derechos humanos.
Los congresistas estadounidenses recomendaron al Gobierno de Trump evaluar y determinar si esos individuos son suceptibles de rendir cuentas, bajo la Ley Global Magnitsky. Esto sería a través del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro.
Los diputados en su misiva incluyeron a los guatemaltecos Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal. También a los salvadoreños José Aquiles, Enrique Rais López y José Luis Merino. Igualmente, al hondureño Óscar Ramón Nájera y al mexicano con residencia guatemalteca Remigio Ángel González.
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La exigencia de los Congresistas estadounidenses
Exigen que en la medida que Estados Unidos apoye los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de Centroamérica para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, determinen si esas personas cumplen con los criterios para rendir cuentas.
“Esperamos un diálogo continuo con la Administración para apoyar la implementación de la robusta Ley Global Magnitsky. Igualmente, los esfuerzos de Estados Unidos para combatir la corrupción y los abusos contra los derechos humanos”, resaltaron.
Sin embargo, en un documento anexo los congresistas describen las posibles acciones criminales de los individuos. Allí aseguran que en su mayoría están vinculados a la corrupción y al crimen transnacional.
Esta misma semana y por primera vez, los congresistas pidieron a Trump tomar medidas más contundentes contra el Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Asomaron la opción de finalizar un beneficio migratorio para los nicaragüenses.
Una de sus solicitudes fue dirigida a la liberación de los presos políticos. También clasificar como grupo terrorista de los paramilitares en Nicaragua. Y al planteamiento se sumó la solicitud de la aprobación de la Ley Nica. Mediante ese instrumento se frenaría los desembolsos económicos al régimen de Ortega. En Nicaragua, la crisis recrudece a diario y no da tregua a un diálogo.
