Conocé lo que dice la ley acerca de la expulsión de inmigrantes

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El Gobierno notificó que tramitará la expulsión de los inmigrantes que participaron y fueron aprehendidos durante las manifestaciones en los alrededores del Congreso durante el debate de aprobación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2019. 

Cabe recordar que de las 26 personas que la policía detuvo, y que ya pusieron en libertad, había dos venezolanos, un paraguayo y un turcoLa Ley de Migraciones, sancionada en 2004, se modificó por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 2017 del presidente Mauricio Macri que se objeta judicialmente. A continuación, los puntos claves del conflicto:

La ley establece que cuando un extranjero tiene un procesamiento penal el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de la Nación están obligados a dar aviso a la Dirección Nacional de Migraciones, que está bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación.

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Con este aviso, la Dirección tiene la facultad de ordenar la expulsión del migrante. Pero el proceso no termina ahí: la orden de expulsión dictada por la Migraciones puede ser apelada ante la Justicia.

La ley acerca de la expulsión de inmigrantes señala:

La situación penal de un inmigrante es sólo una de las causales de expulsión. Asimismo, hay otras causas de deportación, como por ejemplo anomalías en los trámites de radicación o el ingreso a la nación por un paso fronterizo irregular.

Antes de 2004, la Ley de Migraciones instauraba que era posible iniciar un trámite de expulsión a un extranjero sólo en casos de delitos complejos, como la trata de personas, el narcotráfico, tráfico de armas y otro con penas mayores a tres años.

Por el contrario, el decreto, entre otros cambios, instituyó que se puede iniciar un trámite de expulsión a los extranjeros con condena o antecedentes por cualquier delito con pena de prisión.

“Es decir que el antecedente de cualquier delito fue convertido en un obstáculo (para quedarse en el país)”, señaló un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

También, al hablar de “antecedentes”, el nuevo decreto instauró que no se necesita de una condena para iniciar la gestión de expulsión de un extranjero, sino que alcanza con un procesamiento firme.

En este sentido, el CELS y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) presentaron una solicitud de inconstitucionalidad del decreto ante la Justicia. En primera instancia el juez federal Ernesto Marinelli lo rechazó. No obstante, en marzo de este año la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón a las organizaciones e impuso la inconstitucionalidad del decreto.




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