Opinión

Cuando el Estado está ausente

El sábado 16 de abril se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires la Time Warp 2016. La fiesta electrónica tuvo lugar en Costa Salguero, y reunió a miles de jóvenes amantes de este tipo de música. Una noche que debía ser una auténtica fiesta culminó en tragedia, ya que cinco personas de entre 20 y 25 años perdieron la vida a causa de una intoxicación producto del consumo de drogas sintéticas en tanto otras cinco permanecen internadas.

Las víctimas fatales fueron cinco chicos: Francisco Bertotti (21),Bruno Boni (21), Martín Bazzano (22), Andrés Valdez (23) y  Nicolás Becerra (25).   Se informó que los jóvenes fallecidos habían consumido cuatro drogas diferentes en esa noche, entre las cuales se puede mencionar éxtasis, cocaína y anfetaminas. Las sustancias provocaron tanto en los cinco internados como en los cinco chicos muertos los mismos síntomas: fiebre alta, convulsiones, deshidratación, taquicardia, mareos, complicaciones respiratorias y presión alta. Los últimos fallecieron a causa de un edema pulmonar seguido de un paro cardiorrespiratorio.

Muchos de los jóvenes que asistieron a la fiesta llevaron sus propias drogas y otros tantos el dinero para comprarlas en la Time Warp, lugar en el que los dealers aprovecharon para vender sus drogas a aquellos que querían consumirlas.  Asimismo ya es de público conocimiento que los organizadores de la fiesta cortaron el agua del lugar por la madrugada para incrementar la venta de botellas de agua, producto cuyo precio sobrepasaba los 80 pesos.

La fiesta Time Warp tenía una habilitación del Gobierno de la Ciudad que le permitía el ingreso a 13.000 personas, sin embargo asistieron 10.900, quienes pagaron $850 de entrada. El alto número de concurrentes a la fiesta implicaría que varias ambulancias de servicio privado estuvieran a disposición por si surgía alguna emergencia. Sin embargo los organizadores no contrataron la cantidad de móviles suficientes, por lo cual al momento de desatarse la tragedia tuvieron que recurrir al SAME, que tardó más de una hora en llegar según cuentan testigos.

Por otro lado, además de la falta del servicio médico pertinente, la Prefectura Naval no cumplió con su rol, ya que dejaron pasar a varias personas con posesión de drogas y no brindaron un servicio de seguridad satisfactorio. El fiscal de la causa, Federico Delgado, manifestó que se produjo un “tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina”. Y es que se supo que el prefecto Alberto Paladini tuvo en su poder a las 3am una bolsa que contenía drogas, motivo por el cual tendría que haber hecho suspender la fiesta. No lo hizo.

La desorganización del sector privado que llevó a cabo la fiesta, y la falta de control por parte del Estado tuvieron una vez más un final trágico. La complicidad del Estado fue protagonista una vez más de un suceso fatal que podría haber sido evitado. 

Al predio de Costa Salguero lo concesiona el Gobierno de la Ciudad a través de una empresa, que según revelaron los periodistas Gabriela Cerruti y Werner Pertor, estaría relacionada con funcionarios del PRO.  Telemetrix S.A es quien le paga los impuestos correspondientes a la Ciudad para poder utilizar el predio, impuestos de un valor ínfimo a comparación de la ganancia que los eventos allí realizados dejan al sector privado. 

Pertor develó que Telemetrix S.A está vinculada a Costa Salguero S.A, cuyo directorio tiene en su lista como administrador al marido de Carmen Polledo, vicepresidenta de la Legislatura de la Ciudad. También informó en un tweet que: “Prefectura cobró 30 mil pesos de adicionales por la fiesta en Costa Salguero”.

Es inevitable relacionar este hecho con Cromañón, el boliche ubicado en Once que el 3o de diciembre de 2004 fue escenario de la mayor tragedia sucedida en Argentina. Esa noche, cientos de personas habían asistido al boliche manejado por Omar Chabán para disfrutar de un concierto de la banda Callejeros. Sin embargo, una persona ingresó una bengala, la cual encendió apenas comenzó la primer canción a pesar de que Patricio Fontanet, cantante de la banda le había pedido que no lo hiciera. Sin obedecer el pedido del cantante, el individuo procedió a encender la bengala que provocó el incendio que le arrebató la vida de 194 personas.

La ausencia del Estado nunca fue tan evidente como en ese momento. Más de mil personas ingresaron a Cromañón esa noche a pesar de que el local no contaba con las medidas de seguridad pertinentes. El boliche estaba habilitado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado en ese entonces por Anibal Ibarra.

La habilitación fue brindada al local bailable a pesar de que éste no cumplía con las reglas de seguridad básicas. Esa noche del 30 de diciembre los encargados de seguridad no realizaron el control suficiente y fue así que el individuo pudo ingresar la bengala al local. Por otro lado, dejaron entrar a más personas de las que se debía, motivo por el cual al momento de la emergencia se dio una estampida fatal para muchos. A su vez, varias puertas que funcionaban como salidas de emergencia estaban bloqueadas, algunas con alambres y otras con candados, lo cual impidió que los jóvenes salieran del establecimiento.

zapas
Las zapatillas de los chicos siguen en Cromañón desde aquella noche del 30/12/2004

La justicia culpó a Chabán, a la banda Callejeros, a miembros de la Policía Federal, al encargado de seguridad y a dos funcionarios públicos relacionados con la habilitación del local. Por su parte, el Gobernador de la Ciudad en aquel momento, Aníbal Ibarra, fue sometido a un juicio político y destituido del cargo en el año 2006. A pesar de que gran parte de la culpa recayó sobre Ibarra, éste no tuvo inconvenientes para postularse como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Frente Para La Victoria en el año 2015.

En este sentido, la necesidad de encarcelar a culpables por parte de la política, llevó a la Justicia a arrestar a Omar Chabán y a todos los integrantes de la banda Callejeros (incluido el manager y el escenarista), en tanto los funcionarios políticos vieron proscribir su causa. Es así que la justicia, que es tan injusta, ni siquiera se dignó a llamar a declarar a la máxima autoridad política de aquel entonces, Aníbal Ibarra.

Tanto lo sucedido en la Time Warp como en Cromañón, fue culpa de una negligencia estatal sin precedentes. Las coimas y los favores persuaden al Estado para que éste no lleve a cabo sus responsabilidades. En el caso de lo sucedido el sábado pasado, se habilitó una fiesta sin controlar lo que sucedía adentro. Se ingresaron drogas y se vendieron sustancias adentro de la propia fiesta. Se cortó el agua para obligar a los chicos a comprar botellas de agua a más de $80. No se contrató la cantidad necesaria de ambulancias ni se revisó como correspondía a las personas antes de entrar al predio.

Es así que bajo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta nos enteramos una vez más que el Estado nos falló. Los funcionarios de Cambiemos ahora, al igual que los del Frente para la Victoria en 2004, dejan de lado la seguridad de los ciudadanos al habilitar sitios de alta concurrencia sin constatar que éstos cumplan con todas las reglas, tanto de seguridad como las sanitarias.

En ambos casos se buscó culpar a las víctimas y desligar de sus responsabilidades al Estado. En lo que se refiere a la fiesta, acusando a los jóvenes por drogarse y ser inconscientes. En lo referente a Cromañón por llevar pirotecnia al recital y por haber permanecido en el boliche a pesar de ver que el lugar estaba repleto.

Lo cierto es que los funcionarios políticos obtienen réditos económicos al habilitar locales que no son seguros. Al mismo tiempo muchos de ellos se ven beneficiados con este tipo de eventos, especialmente con las fiestas electrónicas, que son aprovechadas muchas veces para vender drogas, muchas de las cuales son de prueba y son testeadas en los chicos sin ningún tipo de culpa.

La posibilidad de que en diversas fiestas los dealers se llenen de dinero con la venta de drogas es debido a que el Estado no se ha ocupado como corresponde de erradicar el narcotráfico en Argentina. Los laboratorios de drogas sintéticas y los traficantes de esas drogas se manejan impunemente en el país. Por otro lado, el control en fiestas, recitales y boliches sigue siendo insuficiente a la hora de poder detectar el ingreso de drogas. Asimismo, las campañas informativas sobre los efectos de la droga son escasas.

Es importante destacar la incapacidad de los funcionarios para tratar el tema, el más claro ejemplo se ve reflejado en las palabras de la vicepresidente Gabriela Michetti, quien el fin de semana dijo que la droga “No hace distinción. Mata a pobres como a la gente normal”. Luego claro está, debió modificar sus palabras en Twitter. Desde que asumió al poder el gobierno de Cambiemos, la mayoría de los allanamientos se han dado en las villas, dejando de lado la búsqueda de laboratorios clandestinos.

La droga mata. Mata a todos. Y es deber del Estado combatir el narcotráfico y concientizar a la población de la peligrosidad de estas sustancias. Claro está que mientras los funcionarios pacten con los narcotráficantes y se vean beneficiados por las coimas que estos les pagan, el Estado dará un paso al costado y no resolverá el conflicto que tanto ha crecido en los últimos años.

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Florencia Sosa

Estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires

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