DDHH en Ecuador bajo la lupa

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Los ciudadanos ecuatorianos solicitan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigir a Ecuador que aborde abusos policiales y la situación de la libertad de expresión.

Se estima que para el año 2017, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe valorar la situación de derechos humanos en Ecuador, en el marco de un proceso denominado Examen Periódico Universal.

En tanto, solicitaron que Ecuador explique por qué no ha efectuado nuevas recomendaciones clave que aceptó durante el examen anterior, que tuvo lugar en 2012, incluyendo aquellas para controlar efectivamente a sus fuerzas policiales y proteger la libertad de expresión y de asociación.

Los países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son objeto de un examen periódico por parte de otros países, durante el cual se evalúa si cumplen con estándares internacionales de derechos humanos.

En este momento, las naciones toman en cuenta la información proporcionada por órganos de la ONU, la sociedad civil y el gobierno evaluado, y formulan diversas recomendaciones orientadas a atender los problemas identificados. Un país objeto de examen puede aceptar o rechazar las recomendaciones, y cuenta con cuatro años para implementar aquellas que acepta.

Para el año 2012, Ecuador manifestó que su Policía Nacional “respetaría todos los derechos humanos”. Sin embargo, han persistido los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas contra manifestantes y transeúntes, y estos hechos siguen quedando impunes.

Por su parte, Ecuador asumió el compromiso de garantizar que su población pudiera “ejercer su derecho de reunión y protesta pacífica”. Sin embargo, los fiscales han presentado imputaciones desproporcionadas contra manifestantes, acusándolos de cometer supuestos actos violentos e imputándoles cargos como sabotaje, terrorismo y rebelión.

El mencionado país aceptó oficialmente recomendaciones para proteger la libertad de expresión. A pesar de ello, en 2013, el Presidente Rafael Correa refrendó una Ley Orgánica de Comunicación que otorgó amplios poderes a su gobierno para a castigar a medios de comunicación independientes, y su administración ha ejercido reiteradamente esta facultad con el propósito de conseguir una cobertura informativa favorable.

Se cree que los estados miembros de la ONU deberían exigir resultados y un compromiso demostrable con los derechos fundamentales que están siendo cercenados por el gobierno ecuatoriano.

 

 

 

 




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