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Dish Network debe presunto dinero a ciudadanos americanos

Las leyes del National Do Not Call Registry están por ser aplicadas en la compañía

Dish Network es una compañía de televisión y telecomunicaciones establecida en los Estados Unidos de América que provee servicios de televisión a un gran porcentaje de la población. Fue fundada en el año 1996 por Charles Ergen, Candy Ergen y Jim DeFranco. La empresa es una de las más grandes en telecomunicaciones del país.

Como todas las compañías de servicios electrónicos, Dish Network se ha encargado de captar clientes mediante varios métodos. Su publicidad interna a través del consumo de su servicio es solo una de las vías de conexión a los consumidores. Una de las más polémicas ha sido el telemarketing.

Al igual que muchas organizaciones en el mundo, el telemarketing ha funcionado como un sistema de captación paralelo. Esta práctica maneja más de un solo objetivo particular. Los principales son la captación de nuevos clientes y el aumento de los ingresos de la empresa.

¿Cuál es la situación actual de Dish Network en el ámbito legal?

En varios países del mundo existe una modalidad llamada National Do Not Call Registry. La misma consiste en establecer una lista para que los ciudadanos puedan anotar sus números telefónicos en ella. El aporte de estas organizaciones es preservar la privacidad de los ciudadanos de los países en los que se desarrolla.

Las personas cuyos números se encuentren en la lista no deberían recibir llamadas para la contratación de ningún servicio. Las empresas están sujetas a esta ley con respecto a su ámbito comunicacional. Si algún número de la lista recibe una llamada de telemarketing supondría un delito en el ámbito legal de la empresa.

Así parece haber sucedido con Dish Network en los años 2010 y 2011. Ciudadanos americanos inscritos en la lista reportaron llamadas de la compañía para ofrecer sus servicios durante esos años. El caso está sobre la mesa en la corte estadounidense y las consecuencias económicas para Dish Network son severas.

Cada llamada realizada por la empresa a los números certificados en la lista supondría una multa de 1200 dólares. Por lo tanto, el cálculo final de la deuda sería la sumatoria del monto por cada una de las llamadas no deseadas realizadas.

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