Argentina.- El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) exigió una reapertura de las negociaciones salariales debido a la inflación.
A principios de año, el sindicato docente había cerrado las negociaciones paritarias con la obtención de un aumento de aproximadamente el 34,6% en tres cuotas que hicieron las autoridades provinciales. Meses después, sin embargo, pretenden reabrir las paritarias.
“Los índices de inflación que se han dado han licuado los aumentos salariales de los docentes”, aseguró Roberto Baradel, secretario general del SUTEBA, quien a su vez añadió que “hay un desfasaje de entre 12 y 15 por ciento” entre las negociaciones obtenidas a principios de año en comparación con la inflación actual.
El pedido se suma al que días atrás había realizado la Unión de Docentes bonaerenses (Udocba) exigiendo una “urgente recomposición salarial” y el establecimiento de ciertas pautas para mejorar las condiciones laborales de los docentes.
Además, Baradel también aseguró la participación del gremio en una “marcha federal”, como consecuencia de la “grave situación social” que está viviendo el país y de la que participarán otros gremios, como la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), la CGT (Confederación General del Trabajo), agrupaciones sociales, pequeños y medianos empresarios, comerciantes y clubes de barrio, entre otros.
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— Roberto Baradel (@RobiBaradel) July 19, 2016
[pullquote]Recordemos que la apertura de las paritarias docentes se da únicamente una vez por año antes del comienzo del ciclo lectivo.[/pullquote]
Además, el dirigente aseguró que el 9 de agosto se reunirá con María Eugenia Vidal a discutir mejoras salariales, tal como lo reconoció la gobernadora de la provincia de Buenos Aires al anunciar el boleto estudiantil en el día de ayer y afirmar que “hay una reunión pautada con los gremios para los primeros días de agosto” . Al mismo tiempo, aprovechó para realizar una aclaración en función de los reclamos del gremio por un llamado a licitación privada por más de $1,5 millones para contratar el servicio de implementación de un “Observatorio Analítico”, que permitirá monitorear a través de las redes sociales a “los distintos actores de la comunidad educativa”, al asegurar que “no hay ningún objetivo de persecución de ningún tipo por parte de este gobierno”.
