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EEUU evalúa abuso de poder de Obama

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos evaluó entre sus miembros liberales y conservadores si el presidente, Barack Obama, se excedió o no en su poder al proclamar un programa para evitar la deportación de al menos, cinco millones de inmigrantes indocumentados.

La decisión de los ocho magistrados que forman parte del tribunal pudiera ser un golpe para Obama y para las personas indocumentadas que se pudieran beneficiar por estas medidas migratorias y que además, pudieran ser derogadas por el próximo presidente que asuma el poder en enero.

El Gobierno defendió las medidas tomadas por el presidente Obama en noviembre de 2014, que evita la deportación de jóvenes indocumentados y padres con hijos estadounidenses o con residencia permanente.

26 estados liderados por Texas negaron estas medidas. La mayoría de los estados con gobernadores del Partido Republicano.

Anthony Kennedy, juez conservador, puso en duda el poder que tiene Obama para suspender las deportaciones de millones de personas sin la aprobación del Cogreso.

Las medidas del presidente Barack Obama son temporales y le permite a los beneficiados poseer un permiso de trabajo y una licencia de conducir.

Por su parte, la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, explicó que es inevitable no plantearse prioridades al momento de hacer deportaciones a los indocumentados del país. La magistrada hispana Sonia Sotomayor coincidió con las declaraciones de la jueza.

John Roberts, presidente de la máxima instancia judicial, argumentó los daños económicos que pudiera provocar otorgarle las licencias de conducir a las personas que pudieran ser beneficiadas por los programas de Obama.

En Texas solo emiten permisos de conducir a los residentes legales.

Roberts ha sido el centro de atención en este caso, puesto que salvó en el Supremo la reforma sanitaria de Obama y ahora pudiera dar el voto decisivo al objetar que los asuntos políticos deben resolverse fuera de la corte, como lo han hecho en el pasado.

Las medidas migratorias de Obama han recibido el apoyo de 16 estados y del Distrito de Columbia, así como de tres mujeres indocumentadas que viven en Texas y cuya voz estuvo representada en la audiencia por un letrado del Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación (Maldef), Thomas Sáenz.

La audiencia contó con la inusual participación de la Cámara de Representantes, que por iniciativa de la mayoría republicana defendió que el presidente “no tiene el poder” para escribir las leyes y solo el Congreso tiene capacidad para legislar, según sostuvo la abogada Erin E. Murphy.

Las medidas migratorias recibieron el apoyo de 225 miembros demócratas de la Cámara Baja y el Senado, así como de un grupo bipartidista de antiguos legisladores.

Los jueces tienen la opción de dejar en vigor el veredicto de la corte inmediatamente inferior, lo que perjudicaría a Obama, o decidir que el caso vuelva a argumentarse ante el Supremo una vez que un nuevo magistrado se incorpore a la corte.

El gobierno de Obama ha prometido que si la corte falla a su favor implementará de inmediato las medidas migratorias para que estén en vigor antes de que el mandatario deje el poder en enero.

Los aspirantes demócratas a la Presidencia, Hillary Clinton y Bernie Sanders, aseguran que van a dejar en pie esas medidas; mientras que los republicanos Donald Trump y Ted Cruz, han prometido derogarlas si llegan al poder.

La Cámara Baja rechazó el lunes en el Tribunal Supremo el plan migratorio del presidente Barack Obama, destinado a frenar la deportación de unos cinco millones de indocumentados.

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