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El denominado “bono de la vergüenza” se publicó en el Boletín Oficial

Por medio del Decreto 1043/2018, se hizo pública la nueva asignación en el Boletín Oficial

El ahora llamado “bono de la vergüenza” se hizo legal a través de un decreto. Fue publicado este martes en el Boletín Oficial y la norma establece, en su artículo 1°, una “asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del Sector Privado”.

La suma asciende a la modesta cifra de $ 5 mil y debería ser abonado en dos cuotas. La primera en diciembre de 2018 y la segunda en febrero de 2019.

No obstante, en el artículo 3°, el mismo documento limita lo establecido con anterioridad. En el mismo indica que “las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo. Podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”.

El concepto, en el contexto de la brusca recesión impuesta por la política oficial, es un claro permiso a las patronales de todos los sectores. Abre la vía para imponer mayores plazos para el pago e, incluso, otros montos inferiores.

Vea también: Pablo Micheli criticó el bono: “La CGT engañó a los trabajadores”

Asimismo, según reseñó Clarín, en su artículo 2°, el documento de la norma permite el pago de montos inferiores (“proporcionales”) a aquellos empleados que trabajen jornadas menores a la legal o de acuerdo. Por ejemplo, para una fracción muy importante de los trabajadores, el bono no llegará ni por asomo a los $ 5 mil.

Para muchos el “bono de la vergüenza” se disfrazó como un beneficio

En los artículos 6° y 7°, el texto presentado por el Gobierno, instituye una manera que controla el modo en que las empresas llevarán a cabo los despidos. También, en el 6° señala que se establece “hasta el 31 de marzo de 2019, un medio por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez (10) días hábiles previo a hacerla efectiva”.

No obstante, en el siguiente artículo se señala que la cartera que en la actualidad rige Dante Sica podrá “convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado en el artículo 6° del presente, las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral”.

En pocas palabras, no se tratará de parar los despidos. Se trata de disponer la mejor manera en que se llevan adelante.

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Luisa Bermúdez

Profesora de Castellano y Literatura egresada del Instituto Pedagógico de Caracas/Correctora de estilo. Redactora y editora de Segundo Enfoque. Venezuela

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