jueves, septiembre 16, 2021
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El “Impeachment” y América Latina

Esta semana se aprobó el inicio del “impeachment” contra Dilma Rousseff en Brasil, que podría culminar finalmente en su destitución como presidenta, y también por las posteriores consecuencias que dejaría para su país, que se encuentra en una de las peores crisis políticas de su historia.

Sin embargo, para entender la coyuntura de incertidumbre que viven los brasileños, es preciso detallar de qué trata el “impeachment”, que en español significa “acusación”; su procedimiento, consecuencias y sus antecedentes en América Latina.

El “impeachment” es una figura legal que tuvo su origen en el Derecho Anglosajón, específicamente en EE.UU y Gran Bretaña a inicios del siglo XIV. Su objetivo esencial es procesar mediante un juicio político a una persona con alto cargo público- en este caso un presidente de la República- que ha incurrido en el delito grave de poner en riesgo la gobernabilidad de una nación.

El proceso para que se llegue a dicha instancia se da mediante el fuero legislativo; en pocas palabras la Cámara de Diputados, que se encarga de aprobar primero el juicio político hasta llegar a la destitución con la votación del Senado.

Las consecuencias inmediatas de este proceso, no obstante, resaltan por el hecho de que –si bien se castiga con la destitución a un funcionario de alto rango político (presidente o ministros) por un delito grave-  el sistema democrático de un país mostraría una crisis institucional, que dejaría un alto costo económico y social. 

Una situación que se hace visible de la siguiente manera: la percepción  de que la ingobernabilidad predomina en un país y no se sabe quién gobierna. Las masivas protestas sociales en contra del régimenLos índices de crecimiento estancados por una economía paralizada debido a la fuga de inversiones. La lucha por el poder de líderes políticos que buscan sus intereses particulares, en vez que del país.

Todos estas consecuencias se dan dentro del sistema presidencialista en América Latina que, por otro lado, ya ha tenido antecedentes aparte del caso Rousseff.

En 1868 casi se destituye Andrew Jhonson, presidente de Estados Unidos, por causales políticas. Sin embargo, se salvó por un voto en el Senado.  Luego, apareció el caso de Richard Nixon en 1974. Antes de que sea enjuiciado por el caso “Watergate”, éste renunció a su cargo por la aparente amenaza de que iba ir a la cárcel.

En Argentina, María Estela Martínez de Perón, esposa del general Juan Domingo Perón, gobernó desde 1974 a 1976 en medio de la incapacidad para afrontar la crisis social-económica que se mostraba en su país. Si bien hubo el intento de que se le abra un juicio político para destituirla por su mal desempeño, el golpe de Estado de los militares hizo que acabará su régimen.

Por esta misma situación también pasaron Brasil, Venezuela, Ecuador y Paraguay. El presidente Fernando Collor de Mello (1992) fue destituido por corrupción tras comprobarse que montó un esquema para enriquecerse por medio de loobys a cambio de dinero a empresarios y funcionarios. En esa oportunidad, Collor de Mello fue el primer presidente en la historia de Brasil en ser destituido. 

En 1993 el Congreso venezolano destituyo a Carlos Andrés Pérez por su participación en la malversación de fondos públicos y fraude a su país. La crisis social -que no era atendida también por el gobierno – fue otro punto contundente que fue empleado para ponerle fin a la gestión de Pérez, que ya había sufrido un intento de golpe de Estado por parte del desconocido- hasta entonces- Hugo Chávez.

En Ecuador se destituyeron a dos presidentes; Abdalá Jaime Bucaram Ortiz en 1997 por «incapadidad mental para gobernar» y, luego,  Jamil Mahuad  por la crisis financiera que se desató en el año 2000.

Y por último, Fernando Lugo fue separado de la presidencia en 2012 por no desempeñar bien sus funciones en Paraguay, lo cual devino después en que su país sea inhabilitado en el Mercosur.

Como se observa el efecto del “impeachment” se ha dado ya en América Latina. Esta medida, si bien es considerada por expertos politólogos como “golpista” y de carácter “antidemocrático”, no deja de ser una acción constitucional válida para castigar a malos gobernantes que se encuentran involucrados en casos de corrupción.

Un problema que, aparte del castigo dado en los fueros políticos, debe combatirse al momento de ir a una urna a elegir a nuestros representantes.

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