lunes, septiembre 27, 2021
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España abrirá juicio por caso ERE

Después de casi cinco años y medio del conocimiento del fraude de los ERE, la causa abierta contra los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el diseño y mantenimiento de un sistema ilegal de otorgamiento de ayudas va a juicio.

Según algunas fuentes judiciales, el expendiente de procesamiento de los exaltos cargos autonómicos pudiera conocerse la próxima semana, específicamente el día martes, coincidiendo con la declaración de la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, frente a la comisión del Parlamento andaluz que investiga las responsabilidades políticas en otro frente judicial, el fraude de los cursos de formación.

Se estiman pocas sorpresas con relación al oscuro horizonte penal que espera a los precedentes de Susana Díaz en la Presidencia, una vez que el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que los ha investigado cuando estaban aforados, ya indicó el camino al deducir que existían indicios suficientes para acusarlos de un presunto delito de infracción administrativa por diseñar y mantener durante diez años un sistema de reparto de fondos dotado de 855 millones de euros.

Las fuentes judiciales aseguran que ambos van a tener que encarar un juicio.

Álvaro Martín, el magistrado de apoyo de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la pieza política de los ERE, está a punto de culminar la sentencia de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, lo que va a finalizar con la apertura de juicio oral.

En este caso están investigados 51 exaltos cargos autónomos, entre los que están los exconsejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Martín Soler o Manuel Recio. No obstante, algunos de los imputados pudieran caer en la etapa intermedia del proceso que está cerca de cerrarse.

La magistrada que ha abierto las diligencias, Mercedes Alaya, ha atribuido supuestos delitos de contravención, malversación y falsedad documental a toda la cúpula de la agencia IDEA entre los años 2001 y 2008, que cancelaba las ayudas aprobadas por la Consejería de Empleo, sin embargo, algunas partes en el procedimiento estiman que durante la instrucción no se han reunido señales suficientes para determinar su papel en el presunto falseamiento del presupuesto de esta agencia y que ello fuese decisivo en el fraude de los ERE.

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