España decidió aplicar restricciones sociales y comerciales más severas para frenar la segunda ola de covid-19, al registrar casi 9.000 casos nuevos en 24 horas, y así tratar de evitar un confinamiento domiciliario de la población, lo cual tendría graves consecuencias económicas.
Por varios meses durante la primavera pasada, toda la población española tuvo que permanecer en las viviendas, salvo motivo justificado, en los momentos más duros de la crisis sanitaria, cuando el Gobierno declaró por primera vez el estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo y duró hasta el 21 de junio.
Ahora, un nuevo estado de alarma, decretado el pasado 25 de octubre, se volverá a aplicar por orden del Ejecutivo español, con un toque de queda nocturno en todo el país y la mayoría de las regiones aplican confinamientos territoriales perimetrales para impedir el tránsito desde o hacia otras comunidades autónomas.
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Incremento de contagios
Este miércoles 4 de noviembre, el Ministerio de Sanidad español notificó un total de 25.042 nuevos contagios (8.924 en un día), para alcanzar 1.284.408 desde que comenzó la epidemia.
Asimismo, el número oficial de defunciones se elevó a 38.118, después de añadirse 1.623 fallecidos en un nuevo sistema de recuento.
Vale destacar que la región de Cataluña, al noreste de España, una de las más afectadas, informó de 5.024 infectados más en las últimas 24 horas y 66 fallecidos, aunque la propagación frena poco a poco.
La incidencia acumulada (casos por cada 100.00 habitantes) de los últimos 14 días se sitúa en 528,75 en España. En ese sentido, varias regiones españolas se dieron a conocer las nuevas restricciones, con el propósito de tratar de frenar la expansión del coronavirus.
Tal es el caso de Galicia, región al noroeste, donde a partir de este viernes, y durante un mes, se cerrarán las actividades no esenciales, incluida la hostelería, así como el cierre perimetral de las principales ciudades, que afectará al 60 % de la población gallega.
Otras regiones, como Asturias (norte) o Castilla y León (centro norte), plantearon días atrás medidas más duras como el confinamiento domiciliario. Sin embargo, el Gobierno y las regiones acordaron descartarlo por ahora y se dieron entre dos y tres semanas de margen para comprobar la eficacia de las restricciones que se aplican ya.
