jueves, diciembre 2, 2021
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España: Fiscalía Anticorrupción pide investigar fraude de 2 millones

La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz, solicitando la investigación de un posible fraude en la aprobación de subvenciones, por un importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CCOO. De esta manera, el engaño de los cursos de formación se iban a extender más allá de Andalucía.

De acuerdo a informaciones ofrecidas por la Fiscalía, se detectaron ciertas irregularidades al existir disidencias y distorsiones entre los gastos que fueron justificados ante la Administración en documentos, a efectos del cobro de las ayudas, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad, siendo los primeros muy superiores a estos últimos.

Estos hechos, indican, pudieran ser constitutivos de delitos de fraude, subvenciones y falsedad documental continuada dada su naturaleza y cuantía. Este paso se genera a consecuencia del proceso que inició en marzo del año 2015 por el gobierno regional, entonces en manos del Partido Popular, al decidir enviar a esta instancia un presunto fraude con cursos de formación de ocupados.

Por su parte, Anticorrupción recordó que ha iniciado las investigaciones a consecuencia de la comparecencia del entonces director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), Miguel Lozano, quien dio a conocer la existencia -apoyada en un informe meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva- de posibles irregularidades.

Específicamente, estas afectaban al procedimiento de justificación de gastos efectuados por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden, del 1 de junio del año 2011, de la Consejería de Igualdad y Empleo, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en el marco territorial de Extremadura.

Tras asumir las diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, se practicaron diversas actuaciones con el fin de contrastar los hechos, recabando múltiples soportes documentales referidos, en su conjunto, a más de 600 actividades informativas, 10 mil alumnos y alrededor de 500 docentes.

Al momento de ser recibida la prueba documental, y bajo la coordinación de la Fiscalía, se organizó un procedimiento de investigación en el que contó con la participación de la Intervención General de la Junta de Extremadura; la Agencia Tributaria, suministrando los datos de contraste fiscal y tributario; y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el tema policial.

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