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España: Partidos del Congreso se dividen por propuestas en cobros de peajes

Los conservadores piden un modelo público-privado. Los liberales plantean un modelo gratuito

En el Congreso de Diputados hay división sobre un tema clave en la vida de la población del país. Ayer se lanzó el debate sobre cuál es el modelo correcto de autopistas de pago que va a instaurarse en España tras el vencimiento de las licitaciones que el Gobierno realizó en 1970 y 1980 para adjudicarse las concesiones de construcción de las grandes obras públicas.

El Gobierno se ha comprometido a no prorrogar las concesiones actuales en las autopistas AP-4 (Sevilla-Cádiz), AP-7 en sus tramos catalán y valenciano, AP-1 (Burgos-Armiñan) y AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo). Sin embargo, no ha precisado si volverá a solicitar las licitaciones de esas autopistas con otras condiciones o dejarlas bajo el dominio público y con un uso gratuito.

En caso de aplicarse esta nuevas vías con métodos de pago para la circulación vehicular, es decir, con pago de peajes, representaría un golpe al bolsillo de los españoles por el ajuste tarifario que el Gobierno debería hacer para lograr un nivel importante de recaudación fiscal.

Ese ajuste vendría determinado por el largo tramo de la autopista que, en caso de llegar a tener su concesión renovada, sería un tramo de 1.000 kilómetros de comunicación interurbana.

Diferencias de modelos

El Partido Popular fue quien planteó la propuesta con una moción legislativa, pero el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, reaccionó y salió a responderle al partido de Mariano Rajoy. Sánchez plantea un modelo de circulación gratuita en todas las concesiones que venzan a partir de este año.

Así el Estado se haría cargo del mantenimiento de la autopista, pero representaría un enorme gasto presupuestario tasado en millones de euros para el Gobierno.

Como en el resto de la red estatal de carreteras, el Ejecutivo correría con los gastos, aunque los de las demás vías no están sujetos a cobros de peajes que impliquen una recaudación a especie de impuesto de circulación vial para las arcas del Estado.

La postura del PSOE coincide con la de Podemos, pero Ciudadanos también presenta otra propuesta, que se basa en un modelo de mercado en el que predomine la colaboración público-privada.

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