La prioridad financiera del Estado durante el Gobierno del expresidente Mariano Rajoy fue la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2018. Rajoy salió del poder sin haber logrado su objetivo.
A Pedro Sánchez le heredó el problema de generar consenso en torno a unas partidas que el Congreso considera insuficientes. Y por si fuera poco, los diputados también rechazaron la propuesta del socialista sobre ampliar el gasto público. Una crisis económica parece un pronóstico no descartable en el país.
Si bien el presidente Sánchez había presentado una moción ante el pleno del Congreso que plantea una ampliación del techo del gasto público del Gobierno, la respuesta contundente de dos tercios del Parlamento español fue ‘no’.
Aun así, Pedro Sánchez manifestó que tratará de llevar adelante su propuesta, pero en paralelo debe tratar de lograr un aumento en la cartera presupuestaria del Estado para tener un mayor nivel de gasto público.
En términos más simples, el Gobierno necesita más euros en su presupuesto para poder gastar más de esos euros en programas sociales, subsidios y políticas públicas dirigidas desde el PSOE (el partido de Sánchez) hacia el Ejecutivo.
Las carteras del Estado que demandaron más fondos desde la presentación de los Presupuestos en marzo fueron el Ministerio de Empleo y la Seguridad Social. Precisamente, esta última se encuentra en una compleja situación de déficit en su flujo de caja.
Es por ese motivo que no se ha podido financiar el tan exigido y reclamado aumento general de las pensiones ajustado al índice de precios al consumidor (IPC), es decir, a la inflación.
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Advertencias sobre una crisis económica en España
El problema para el Gobierno socialista es que, ante la advertencia del Banco de España sobre “el rumbo de la política económica del presidente Sánchez”, una inflación que subió en junio a 3%, conflictos sindicales entre el Ministerio de Fomento y el sector transporte, y un gasto público estancado junto al presupuesto por el hermetismo de la mayoría opositora en el Congreso, podría darse el escenario en que el Estado incurra en un déficit fiscal genérico por un tener un presupuesto que no aumenta, impuestos estancados y un IPC que podría seguir con tendencia alcista.
El sector bancario se opone rotundamente a un posible impuesto que dejó entrever Sánchez hace unos meses. Y si la política económica diseñada desde el despacho de Nadia Calviño, ministra de Economía de España (con experiencia en Bruselas), va orientada al mero financiamiento del déficit y el gasto público, la sombra de una crisis financiera podría cernirse sobre uno de los países cuyo PIB es de los más importantes, en términos numéricos, para la Unión Europea.
