Gobierno argentino aceptó la renuncia del juez Federal Soto Dávila

El Gobierno de Argentina aceptó la renuncia del juez Carlos Vicente Gustavo Soto Dávila, quien se desempeñaba a cargo del Juzgado Federal de 1era instancia de Corrientes desde 1996.

En el Boletín Oficial de la Nación, de este viernes 22 de febrero, se publicó el decreto 141/2019 en la que el presidente Mauricio Macri le aceptó la renuncia del ahora exmagistrado.

“Que el señor doctor Carlos Vicente Gustavo Soto, ha presentado su renuncia al cargo de JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE CORRIENTES, PROVINCIA DE CORRIENTES. Que es necesario proceder a su aceptación”, afirma el decreto firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el ministro de Justicia Germán Garavano. 

La decisión lleva la firma de la vicepresidenta Gabriela Michetti, y del ministro de Justicia, Germán Garavano, debido a que el presidente Mauricio Macri se encuentra fuera del país y de regreso de su gira oficial por la India, Vietnam y Emiratos Árabes.

Lea también Confederación General de Trabajo se reunió con la comisión del FMI

La renuncia del juez Soto Dávila

El juez Soto Dávila presentó su dimisión luego de que el Consejo de la Magistratura suspendiera la audiencia en la que se iba a analizar la situación del magistrado.

Sobre el ahora exmagistrado pesa una investigación por su supuesta colaboración con narcotraficantes. De hecho, Soto Dávila está procesado como jefe de una asociación ilícita que les cobraba coimas a narcotraficantes para beneficiarlos con sus libertades u otras resoluciones judiciales.

Pero a partir de ahora, Soto Dávila queda en condiciones de ingresar a prisión.

La suspensión de la audiencia, que la comisión de Disciplina y Acusación había fijado para el martes próximo, se debió precisamente a la presentación de la renuncia por parte de Soto Dávila, y desde el Consejo habían explicado que la postergación no representaba “una cancelación”.

El juez federal Sergio Torres lleva adelante la causa en la que se investiga a Soto Dávila. Para evitar la prisión, la defensa del exjuez presentó estudios médicos por sus condiciones de salud, con el objetivo de que se le dé el beneficio de prisión domiciliaria, en caso de que se dispone su arresto.