Gobierno argentino decidió desarticular la reforma laboral

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Argentina.- Los entes gubernamentales decidieron separar el proyecto de reforma laboral de forma autoritaria. El objetivo es dividir en varios puntos la iniciativa, y de esta forma aprobar los que no están en discusión y continuar con el proyecto.

La Confederación General de Trabajo (CGT) se opuso rotundamente al cambio impuesto por el Estado. Indicó que la intención es solo dar la sensación de triunfo obteniendo pequeños resultados; mientras que el peronismo tampoco respaldo la iniciativa.

El presidente Macri indicó que la intención de subdividir el proyecto de reforma es avanzar. Las primeras normas enviadas al congreso incluirán la extensión de licencias de paternidad y  los esquemas de capacitación laboral, entre otros beneficios.

También se tendrá en cuenta la formalización de los trabajadores informales.

El ministro coordinador indicó que no hay que hacer una sola reforma laboral, sino una serie de reformas. Todo esto para poder alcanzar mejores condiciones en el mercado laboral haciendo énfasis en la importancia que tiene en disminuir la exclusión de los trabajadores por falta de capacitación.

Es importante resaltar que el Estado no ha propuesto ningún cronograma ni ha dado ningún plazo para las discusiones; apuestan a aprobar las mayor cantidad de normas antes del fin de año.

La respuesta a la división de la reforma laboral

El CGT ya dio a conocer su postura diciendo que “para nosotros no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes”, pero puntualizó que lo más importante era el blanqueo del entorno laboral informal, remarcando que “todos deberíamos estar incluidos dentro del mercado formal”.

Hugo Moyano, Juan Schmid y Carlos Acuña fueron los primeros en declarar mostrando su rechazo a las acciones del Estado. Puntualizaron que no es más que dar pequeñas victorias a los gremios accesibles. “Lo que no podemos aceptar es no debatir cambios, en un sistema laboral injusto, desigual y obsoleto en muchos planos”.

En este momento hay más de cuatro millones y medio de trabajadores informales los cuales no generarán un ingreso al Estado. Estos tampoco cuentan con derechos laborales o beneficios sociales.

La intención del ente gubernamental en la primera etapa es poder llevar 20% de estos trabajadores al sector formal; orientándose de esta forma en la capacitación y el diseño de nuevas infraestructuras que permitan alcanzar estos objetivos.