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Gobierno de facto de Bolivia derogó decreto que aumentaba represión

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El pasado jueves, el gobierno de facto de Bolivia derogó el polémico decreto que eximía a las fuerzas armadas de responsabilidad penal en la represión de las protestas sociales en el país andino.

En ese sentido, la derogación del decreto 4078 fue anunciada por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, quien fundó su decisión en el convencimiento de que se logró la “pacificación” en el país.

Después de una evaluación del gabinete de ministros y una vez que el gobierno nacional ha suscrito acuerdos con las organizaciones sociales, y como consecuencia los conflictos en el país han sido levantados, hemos decidido abrogar el DS 4078”, dijo Áñez en una declaración en el gubernamental Palacio Quemado.

A su vez, determinó que la decisión se tomó “en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la ansiada pacificación” de Bolivia.

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Un decreto muy criticado

El mencionado decreto recibió fuertes críticas en medio de la convulsión en la que se hundió Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre, en las que denunciaron fraude tras resultar reelecto como presidente Evo Morales.

En ese contexto, Morales afrontó grandes protestas sociales, un motín policial y una sugerencia de los altos mandos de las fuerzas armadas de renuncia, situación que lo vio obligado a dimitir y a exiliarse en México.

Por su parte, Jeanine Áñez se proclamó presidenta interina y emitiendo enseguida el decreto en cuestión, en este caso, el primero del gobierno de facto de Bolivia. 

El personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, decía el artículo tercero de la norma del gobierno de facto de Bolivia.

Tras emitirse el decreto, entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como otros organismos internacionales criticaron la acción del gobierno de facto de Bolivia.

Durante las protestas sociales y la represión, más de 30 personas murieron en Bolivia




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