Este viernes 29 de marzo, el gobierno de Nicaragua y la coalición opositora Alianza Cívica firmaron dos acuerdos.

En ese sentido, uno de dichos acuerdos ratifica su compromiso de liberar de forma “definitiva” a centenares de personas consideradas “presos políticos” y de anular sus procesos judiciales; mientras que en el otro, el gobierno de Nicaragua se compromete a respetar ciertas garantías y libertades, incluida la de manifestarse.

De ese modo, el gobierno nicaragüense se compromete también a aceptar que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) facilite el proceso y se especifica que será el CICR el que propondrá a las partes la lista “actualizada” de personas a liberar.

La oposición cifra en más de 640 las personas que todavía están encarceladas en el marco de la actual crisis, que inició en abril del año pasado, pero la lista del gobierno es mucho más reducida.

Por su parte, las autoridades reiteraron que el plazo de excarcelación de detenidos se mantiene en 90 días a contar desde el 20 de marzo.

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Los acuerdos del gobierno de Nicaragua

El segundo de los acuerdos entre el gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica, se encuentra el documento “para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” que especifica una serie de objetivos exigidos por la oposición, como garantías para la manifestación y el regreso de los exiliados.

Sin embargo, el documento no presenta compromisos claros en algunos de los temas más delicados, como el de los paramilitares que han actuado en capturas y ataques contra civiles.

Por su parte, el empresario Mario Arana, negociador de la oposición, dijo que lo más difícil será cumplir y poner en marcha todo lo acordado.

“No se vale que alguien incumpla, porque cualquiera que lo haga hará que esto fracase para todo el país”, advirtió Arana.

El diálogo en Nicaragua

El pasado 27 de febrero comenzó esta nueva etapa de diálogo con que se intenta culminar casi un año de agitación que ha dejado al menos 325 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cientos de detenidos y más de 50.000 exiliados.

Sin embargo, en varias ocasiones las negociaciones han sido suspendidas porque la oposición consideraba que el ejecutivo no demostraba “buena voluntad”. Pero el pasado 20 de marzo, se reanudaron las mesas de diálogos cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos.

El gobierno de Ortega también anunció un “acuerdo político” que llevaría al cierre de causas judiciales de personas que tienen órdenes de captura, incluyendo a muchos exiliados.