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Gobierno uruguayo dictará normas laborales y de transporte

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Uruguay.- El convenio de inversión entre la compañía finlandesa UPM y el Estado uruguayo contiene pormenores de todos los semblantes incluidos en las negociaciones que culminaron el mes pasado, y que proporcionaron la base para la segunda fase de conversaciones entre las partes sobre las normas laborales y transporte.

En primer orden, se definen los compromisos de cada parte. A Uruguay le corresponde colocar en marcha el proyecto ferroviario, el plan de construcción de un viaducto en la rambla, los propósitos viales para hacer viable el transporte de la celulosa, las labores de dragado en el puerto de la ciudad de Montevideo para facilitar el embarque de celulosa y las instalaciones eléctricas, entre otros.

A UPM le toca delinear, financiar, construir, operar y conservar una planta de celulosa con una capacidad de producción anual de entre dos millones y dos millones y medio de toneladas.

Conjuntamente, “a elección de UPM” se logrará edificar infraestructura relacionada: una planta de generación de energía eléctrica y una planta química para producir, acopiar, importar, comercializar y suministrar productos químicos a las sistematizaciones existentes de celulosa.

Según reseñó el portal La Diaria, la compañía finlandesa estipula su inversión a diversas concreciones, entre ellas, al “progreso revelador en la implementación de las iniciativas de infraestructura”, lo que considera “críticamente significativo para la decisión final de inversión”.

Del mismo modo tendrá en consideración, a la hora de la disposición, los resultados económicos de la propia UPM y las proyecciones globales para el mercado de la celulosa.

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Proyecto ferroviario

En cuanto al proyecto ferroviario, se instituyen etapas y normas para su progreso.

La etapa de licitación, la recepción de ofertas y la concesión definitiva al contratista terminará en el mes de octubre del año 2018, y el proyecto ferroviario deberá encontrarse finalizado en febrero del 2022.

Por otro lado, el contrato hace responsable al Estado charrúa de cualquier inobservancia del contratista, ya sea en la reconstrucción de las vías férreas como en su mantenimiento y acondicionamiento.

“El hecho de que Uruguay elija la contratación con terceros para desempeñar sus obligaciones bajo este contrato no la absolverá de sus obligaciones hacia UPM de edificar y conservar el Proyecto Ferroviario en los términos de este contrato”, se advierte en el convenio. Uruguay se obliga a proporcionar a UPM toda la información que requiera sobre el proyecto ferroviario y a consentir monitorear todo el proceso.